Labor Parlamentaria

Descripción del dossier

  • Total de participaciones 762
  • Total sesiones asociadas 535

Participaciones de José Francisco Encina Moriamez entre 1965 a 1973

  • 1.- INTEGRACION DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Integración de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 16 de marzo de 1994

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    Partido Socialista.

    Titular: don José Antonio Viera-Gallo Quesney Suplente: don Francisco Encina Moriamez

  • 1. MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, EN LA ADECUACIÓN DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS. Primer trámite constitucional.

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Intervención de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 22 de marzo de 1994

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    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, originado en una moción de los parlamentarios señores Bartolucci, Correa, Chadwick, Longueira, Masferrer, Melero, Orpis, Pérez, don Víctor; Recondo y Ulloa.

    Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor Melero.

    Antecedentes:

    Moción, boletín N° 803-01, sesión 43ª, en 16 de septiembre de 1992. Documentos de la Cuenta N° 11.

    Informe de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, sesión 28ª, en 17 de agosto de 1993. Documentos de la Cuenta N° 16.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Encina.

    El señor ENCINA.-

    Señor Presidente, quiero manifestar mi aprobación al proyecto, por distintas razones.

    En primer lugar, concuerdo plenamente con el señor Diputado informante en cuanto a que la pesca extractiva y la acuicultura son actividades distintas.

    En segundo lugar, la tendencia general apunta al crecimiento de la acuicultura, lo que ha significado un incremento económico importante para el país. Por ejemplo, en la Cuarta Región de Coquimbo, que represento, significa exportar cien millones de dólares en ostiones.

    Por último, si bien el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal se puede ver perjudicado, no es menos cierto que muchos pescadores artesanales se están convirtiendo en acuicultores a través de las áreas de manejo. Por lo tanto, habría una contradicción, porque, por un lado, este Fondo podría ser disminuido, pero por otro, los pescadores podrían verse afectados, cuya tendencia general en muchas partes del país es convertirse en acuicultores a través de lo que la ley fija como áreas de cultivo y áreas de manejo para los pescadores artesanales.

    He dicho.

  •  MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN CUANTO AL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. Primer Trámite constitucional.

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Indicación en Sala de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 22 de marzo de 1994

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    Artículos nuevos

    2.Del señor Encina para agregar el siguiente artículo nuevo: "Créase una Comisión de Fiscalización sobre la calidad de la Vivienda, en cada Región del país, conformada por representantes del sector público, al empresariado de la construcción y las organizaciones vecinales. Esta comisión recepcionará y decidirá sobre los reclamos presentados ante ella.".

  • PROYECTOS DE ACUERDO

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Proyecto de Acuerdo de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 05 de abril de 1994

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    El señor LOYOLA (Secretario).-

    Proyecto de acuerdo de las señoras Allende, doña Isabel; Pollarolo, doña Fanny; Rebolledo, doña Romy; y de los señores Cornejo, Viera-Gallo, Barrueto, Pizarro, Ojeda, Sota, Aguiló, Muñoz, Naranjo, González, Navarro, Acuña, Fuentealba, Villegas, Balbontín, Jocelyn-Holt, Makluf, Arancibia, Silva, Tohá, Seguel, Encina, Pérez, don Aníbal; Ascencio, Reyes, don Víctor; Venegas, Luksic, Gutiérrez y Zambrano.

    "Considerando:

    "1.- Que el país conoció el día jueves 31 de marzo de 1994 el fallo del Ministro Milton Juica que condenó a varios miembros de la Dicomcar por la participación en el secuestro y posterior asesinato de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero;

    "2.- Que el mencionado fallo señala que el General Director de Carabineros, señor Rodolfo Stange, y otros altos oficiales actualmente en retiro, habrían faltado a sus deberes militares al no contribuir al esclarecimiento de los hechos, en razón de lo cual se formulará denuncia ante la justicia militar;

    "3.- Que este fallo es un paso decisivo en el esclarecimiento y sanción de crímenes que conmovieron y aún conmueven la conciencia ciudadana, y contribuye a la recuperación de la confianza en el Poder Judicial;

    "4 Que las responsabilidades penales son personales y no institucionales. Carabineros de Chile, por su tradición y las funciones que debe desempeñar conforme a la ley, no debe estar encabezada por un alto oficial que habría faltado a sus deberes militares. Así lo exige el papel que Carabineros de Chile cumple defendiendo el orden público y la seguridad y la vida de los ciudadanos;

    "5.- Que las expresiones de solidaridad con el General Stange, formuladas por oficiales, constituyen una manifestación impropia de sentimientos corporativos que pueden interpretarse como presiones indebidas a la autoridad del Estado.

    "La Honorable Cámara de Diputados acuerda:

    "1°. Expresar su respaldo a la decisión del Presidente de la República, interpretando la voluntad ciudadana, en orden a señalar al General Director de Carabineros la inconveniencia de continuar en su cargo.

    "2°. Asimismo, comparte los fundamentos morales, jurídicos y de conveniencia nacional e institucional en que dicha petición se sustenta.

    "3°. La Honorable Cámara de Diputados lamenta la decisión del General Director de Carabineros de mantenerse en el cargo, afectando de esta manera el respeto y consideración que la ciudadanía tiene respecto de una institución fundamental de la República".

  • SUSTITUCION DE PLANTAS DE PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL. Primer trámite constitucional.

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Intervención de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 07 de abril de 1994

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    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite Constitucional, que sustituye las plantas de personal de la Superintendencia de Seguridad Social.

    Diputada informante de la Comisión de Trabajo es la señora Prochelle, y de la de Hacienda, el señor losé García.

    Antecedentes:

    Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1141-13, sesión 31ª en 19 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2.

    Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 6 y 7 de esta sesión.

    El señor ESPINA (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Encina.

    El señor ENCINA.-

    Señor Presidente, pienso que en el planteamiento de los colegas señores Orpis y Paya existe un problema de fondo. La modernización del Estado implica estudiar lo que significa la empresa pública en relación con la privada y cuál es la función que le corresponde a cada una. Estimo que confunden ambas cosas. Me parece que nadie podría estar en contra de la modernización del Estado, pero es importante visualizar cómo la encaramos en forma gradual Si medimos a la empresa pública con los mismos parámetros que la privada, nos estamos equivocando. Evidentemente, el efecto de la productividad en el sector privado es totalmente distinto al de los servicios públicos. Plantear permanentemente esta comparación, que considero no tiene cabida, ha sido una de las características de algunas visiones un poco neoliberales.

    Por otra parte, pienso que una de las bases de la modernización del Estado es, precisamente, el mejoramiento de las remuneraciones de los empleados públicos. En ese contexto, nuestra bancada está a fervor del proyecto. Pienso que se comienza a visualizar, en un futuro cercano, la posibilidad de abordar la modernización del Estado, oportunidad en la que discutiremos en profundidad lo que significa la empresa pública y cómo podremos mejorar su funcionamiento.

    He dicho.

  • PROYECTOS DE ACUERDO

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Proyecto de Acuerdo de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 12 de abril de 1994

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    V.- PAGO DE BENEFICIOS ADEUDADOS A PROFESORES DEL SECTOR MUNICIPAL.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    La presente sesión ha sido motivada por una presentación suscrita por 43 señores Diputados, y tiene por objeto analizar la ejecución y fiscalizar el pago de la asignación de zona y de otros beneficios establecidos en favor de los profesores en la ley N° 19.070, así como el pago de la unidad de mejoramiento profesional dispuesto por la ley N° 19.278.

    De acuerdo con el Reglamento, los primeros 15 minutos corresponden a los Comités de los Diputados solicitantes. Se informa que los Diputados señores José García y Jorge Ulloa harán uso del tiempo por partes iguales.

    A continuación, corresponden al Comité Demócrata Cristiano 29 minutos un cuarto; al Comité de Renovación Nacional, 23 minutos un cuarto; al Comité Unión Demócrata Independiente, 14 minutos un cuarto; al Comité Socialista, 12 minutos, y al Comité del Partido por la Democracia, 11 minutos un cuarto.

    Con la venia de la Sala, ofreceré la palabra en forma alternada, con cargo a los tiempos de los respectivos Comités.

    Pido la comprensión de la Sala, pues la Mesa será estricta en el uso de los tiempos. Si los jefes de Comités desean preasignar tiempos determinados para los Diputados de sus respectivas bancadas, les ruego encarecidamente que lo hagan saber para controlar el uso del tiempo.

    Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Educación, en compañía del Ministro del ramo.

    Acordado.

    El señor ORTIZ.-

    Pido la palabra.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    ¿Sobre este punto?

    El señor ORTIZ.-

    Sí, señor Presidente.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor ORTIZ.-

    Estoy de acuerdo con que ingresé a la Sala el Subsecretario; pero también solicitó, por su intermedio, señor Presidente que se adopte el mismo criterio respeto de los asesores en la materia que hoy nos preocupa. Hago esta petición, aunque un señor Diputado ya se está oponiendo.

    Esta sesión ha sido atada con la firma de 43 Diputados, a quienes nos interesa realmente solucionar los problemas pendientes y precisar quién no está cumpliendo con las leyes que ha despachado el Poder Legislativo.

    Por eso, reitero la necesidad de que ingresen los asesores directos, porque es el camino a seguir si se estima necesario consultar municipalidad por municipalidad.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Desgraciadamente, no hay acuerdo para acceder a lo solicitado por Su Señoría; pero sí lo hubo respecto del ingreso del Subsecretario.

    El señor VALCARCE.-

    Pido la palabra.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor VALCARCE.-

    Señor Presidente, quiero saber si el señor Ministro Subrogante dé Hacienda estará presente, porque tengo entendido que también fue invitado.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Debo informar a la Sala que he recibido las excusas del Ministro subrogante de Hacienda y del Ministro del Interior, quienes no podrán asistir por compromisos contraídos con anterioridad a la fecha de fijación de esta sesión.

    Tiene la palabra el Diputado seño Rodríguez, don Claudio.

    El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

    Señor Presidente, lamento la ausencia en ésta Sala de los Ministros del Interior y de Hacienda, porque, sin duda, son claves para solucionar el problema al cual nos abocaremos. Es francamente deplorable que no se hayan dado el tiempo para venir a esta Sala, cualesquiera que sean las razones que tuvieron para ello porque este problema preocupa a gran cantidad de chilenos, como son los profesores de este país.

    He dicho.

    El señor GARCIA (don Rene Manuel).-

    Pido la palabra.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría para referirse a un asunto reglamentario.

    El señor GARCIA (don René Manuel).-

    Señor Presidente, como hay tantos Diputados inscritos y usted es muy riguroso con el tiempo, sería conveniente insertar los discursos de los señores parlamentarios que no alcancen a intervenir.

    El señor SCHAULSOHN (Presidentes).-

    Solicito la venia de la Sala para insertar los discursos de los señores Diputados y señoras Diputadas que no alcancen a hacer uso de la palabra.

    Acordado.

    Tiene la palabra el Honorable señor José García, por siete minutos y medio.

    El señor GARCIA (don José).-

    Señor Presidente, hemos solicitado esta sesión especial con el objeto de analizar el incumplimiento del pago del cumplimento de la asignación de zona dispuesta para los profesores por la ley N° 19.070, Estatuto de los profesionales de la educación; además del no pago, en algunas comunas, de la unidad de mejoramiento profesional establecida en la ley N° 19.278, y de otros beneficios contemplados en el Estatuto Docente.

    Complemento de zona.

    Como es de conocimiento público, el inciso sexto del artículo 5° transitorio de la ley N° 19.070 dispuso: "En las localidades donde la subvención estatal a la educación se incremente por concepto de zona conforme a lo establecido en el artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1989, la remuneración básica mínima nacional se complementará con una cantidad adicional, que se pagará con cargo a dicho incremento, y en un porcentaje equivalente al de este mismo.

    Su inciso final estableció que, para el pago de complemento de zona, "los sostenedores ajustarán las remuneraciones determinadas en el inciso sexto en un plazo que vencerá el 31 de diciembre de Í993." Esto Significa que, a lo menos, a partir del 1° de enero de 1994, todos los sostenedores que reciben subvención con zona debían pagar a los profesores el complemento de zona correspondiente.

    Lamentablemente, ello no ha sucedido así. Se ha creado indefinición sobre el financiamiento del referido complemento de zona, ya que los municipios señalan que no han recibido los recursos correspondientes para dicho fin, mientras que el Ministerio de Educación sostienen que al pagar la subvención recargada en el porcentaje de zona respectivo, sí los está entregando. Tal controversia sólo perjudica a los profesores, ya que no resuelve su problema de fondo: recibir su sueldo con el complemento de toma que legalmente les corresponde. La Contraloría General de la República, mediante diversos dictámenes, ha señalado invariablemente la procedencia legal de este beneficio, agregando que él no es imputable a la asignación adicional, tal como lo establece el artículo 3° transitorio de la ley sobre Estatuto Docente.

    Para mayor claridad, estimo indispensable detenemos en este artículo 3° transitorio, cuyo inciso segundo señala textualmente lo siguiente: "En el caso de los profesionales de la educación de este sector -refiriéndose al municipal- con remuneraciones superiores, el total de lo que cada uno percibe actualmente se adecuará conforme a las siguientes normas:

    "a) En primer lugar, se imputará una cantidad a lo que corresponda por remuneración básica mínima nacional;

    "b) Lo que reste, se imputará a lo que corresponda por el pago de asignación de experiencia, de perfeccionamiento y de responsabilidad docente, directiva o técnica pedagógica;

    "c) Si aplicado lo señalado en las letras anteriores permaneciera una diferencia, ésta se seguirá pagando como una remuneración adicional, pero su monto se irá sustituyendo conforme se vayan aplicando las normas de gradualidad establecidas en los artículos 43,44,6° y 7° transitorios, por medio de los cuales aumentarán los montos de las asignaciones de experiencia y de perfeccionamiento de la carrera docente, desde la entrada en vigencia de esta ley hasta la plena vigencia de dichas asignaciones,"

    Por ello, se concluye inequívocamente que el complemento de zona jamás pudo imputarse a la renta que recibían los profesores a la fecha de promulgación del Estatuto, y que, en consecuencia, correspondía en la letra y en el espíritu de la ley a una asignación distinta destinada a mejorar los sueldos de aquellos profesores que desempeñan sus tareas en las regiones más apartadas, como ocurre, por lo demás, con todos los funcionarios de la Administración Pública.

    Si la disposición legal hubiese señalado que lo primero que debía imputarse a la renta de los profesores era el complemento de zona, el Gobierno tendría que haber enviado a los municipios montos mucho más altos para pagar las asignaciones de experiencia, perfeccionamiento y responsabilidad directiva o técnica pedagógica. Esto es fundamental, ya que significa que, con los recursos dé la zona, se están pagando, en parte, las otras asignaciones dispuestas por el Estatuto Docente. Y ésa es la razón por la cual a las municipalidades les faltan recursos para pagar el complemento de zona. No es porque estén haciendo mal uso de los recursos -aunque pueden existir situaciones aisladas-, sino porque parte, del mayor costo que significó la implementa- del Estatuto Docente se está imputando a los ingresos por zona, en circunstancias de que es el Gobierno Central el que debe enviar los recursos para dicho fin.

    Por otra parte, el Supremo Gobierno, durante la discusión de la Ley de Presupuestos de 1994, ante una expresa consulta sobre recursos para pagar, el complemento de zona, señaló que se dispondría dé 14 mil millones de pesos para mejorar el monto de la subvención por alumno y la asignación de ruralidad, y además clarificar la forma del pago del Complemento de zona. Agregó que, con tal propósito, enviaría a trámite legislativo un proyecto, de ley, 1Q que a la fecha no ha ocurrido.

    Este hecho demuestra irrefutablemente que el Gobierno sabía la situación que se iba a generar; reconocía la falta de claridad en las normas del Estatuto Docente y, fundamentalmente, la falta de recursos para que los municipios procedieran a pagar el beneficio a los profesores. Sin embargo, hasta la fecha no se adopta ninguna, resolución que permita hacer efectivo, el mandato de la ley, perjudicando a aproximadamente 50 mil profesores que laboran en las regiones más apartadas.

    La comunidad nacional ha sido testigo de los numerosos conflictos que esta situación está generando en diversas comunas del país, sin que el Gobierno hasta la fecha haya tomado la iniciativa para su solución.

    Unidad de mejoramiento profesional.

    Los municipios han informado que los fondos que el Ministerio ha puesto a su disposición para el pago de la unidad, de mejoramiento profesional han sido inferiores a los requerimientos efectivos para satisfacer este beneficio a todos los profesores. En consecuencia, son varios los municipios que han optado por no pagar estos valores o cubrir sólo una parte, con evidente perjuicio para los profesores. Es Indispensable conocer en esta sesión el motivo por el cual las cifras de las municipalidades no son concordantes con las del Ministerio de Educación, en circunstancias de que la ley N° 19.278 dispone el financiamiento para este propósito, y, así mismo, una fórmula de solución concreta y definitiva.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Perdón, señor Diputado, lleva 7 minutos y medio:

    El señor GARCIA (don José).- Termino en seguida, señor Presidente.

    La situación que ocurre con el complemento de zona y la unidad de mejoramiento) profesional es consecuencia de los inadecuados procedimientos diseñados por el Gobierno para hacer efectivos los beneficios que distintas leyes han dispuesto para los docentes y que se traducen en aumentos cada vez mayores de los costos de la educación, sin el indispensable aumento de la subvención educacional. Como consecuencia de ello, los municipios han debido afrontar este desequilibrio financiero con recursos propios, impidiendo el desarrollo de programas y proyectos de alta prioridad social en sus comunas y aumentando sustancialmente su ya elevado déficit en el área de educación.

    Urgencia de una solución.

    Se está viviendo un clima de efervescencia que está perjudicando el normal proceso educativo, ya que los profesores están realizando paros de brazos caídos, demandas a los municipios y otras manifestaciones de descontento con el propósito de lograr, de parte de las autoridades, soluciones definitivas y concretas.

    Hemos tenido conocimiento de que el Gobierno desea imputar a la asignación adicional, en cuanto sea posible, el pago del complemento de zona. Manifestamos desde ahora que no aceptaremos ningún subterfugio que impida el pago de este beneficio, por cuanto la finalidad del Estatuto Docente fue mejorar las remuneraciones del profesorado y no titular los componentes de sus ya menguados sueldos.

    En definitiva, señor Presidente y Honorable Cámara, estamos en presencia de un conflicto que cada día que pasa se agudiza más. Por tal motivo, ciframos nuestras esperanzas en esta sesión especial y expresamos nuestro deseo de que el desarrollo de ella permita encontrar una solución efectiva y oportuna para llevan tranquilidad a miles de profesores a lo largo y ancho del país.

    He dicho.

    -Aplausos en las tribunas.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

    El señor ULLOA.-

    Señor Presidente, a la clarísima exposición del colega José García quiero agregar, en principio, nuestro pesar por la poca importancia que los Ministerios del Interior y de Hacienda, a través de sus titulares, les otorgan a los profesores, al no tener siquiera algún representante en esta Sala.

    -Hablan varios señores Diputados a la vez.

    El señor ULLOA.-

    Si eso le parece mal a algunos parlamentarios, lo lamento.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa; y a los señores parlamentarios, que guarden compostura.

    Puede continuar.

    El señor ULLOA.-

    Señor Presidente, en el beneficio establecido en la ley de los profesionales de la educación y que dice relación con el actual llamado complemento de zona, resulta obvio que el concepto debe entenderse como sinónimo de lo que es la asignación de zona.

    Quiero dar a conocer, con documentos, las graves contradicciones en que' han incurrido incluso personeros de la propia Contrataría General. En un primer momento, a .partir de 1991, no observaran la entrega de esta asignación o complemento de zona en aquellos municipios que lo satisficieron. Posteriormente, este mismo organismo -no quiero decir interpretando al Gobierno, pero por lo menos en una posición similar- ha señalado que producto del cambio de nombre de "complemento" por "asignación" no correspondería entregar el beneficio con efecto retroactivo.

    En nuestra opinión, debe considerarse y pagarse desde la fecha de publicación de la ley, entendiéndose, en consecuencia, enero de 1994 como fecha final para regularizar totalmente esta situación.

    Resulta obvio que el concepto de asignación de zona" es sinónimo de complemento de zona". Ese fue el sentido y alcance que el legislador le dio a la norma. Queremos exigir entonces que el espíritu de la ley, tal como aquí fue concebido, se respete por las autoridades y, por consiguiente, que esta asignación o complemento -como ha sido llamado después- necesariamente se pague.

    También se está cometiendo una injusticia extraordinariamente grave porque, eh el caso de los profesores antiguos, la asignación se ha cargado a la llamada "mochila". Es decir, se ha querido burlar el efecto de la ley para cargar a ese complemento la asignación de zona. Y ocurre que se está cometiendo una tremenda arbitrariedad, porque hoy se castiga a los profesores antiguos con el no pago de la asignación de zona. ¡Qué triste destino el de estos profesores, que por el solo hecho de tener antigüedad hoy son castigados remuneracionalmente! Es decir, ¡no se les paga!

    Ahora bien, como ya lo ha expuesto el Diputadodon José García, en muchos municipios no se está pagando la UMP, y cuando se solicita información al Ministerio, éste sostiene que los recursos se están entregando. Alguien falla en los cálculos, o lisa y llanamente se está mintiendo.

    Entonces, queremos que, por lo menos, esta sesión permita que los recursos lleguen a quienes realmente quisieron beneficiar la Cámara y el Senado de la República: a los profesores; que las autoridades no se queden sólo en discusiones o pasándose la pelota de un lado para otro. Es deprimente él espectáculo que estamos dando al magisterio nacional, porque la culpa es de todas las autoridades, dado que no fue aquél el sentido que nosotros le dimos a la ley.

    Por último, respecto 'del perfeccionamiento, hay otra serie de problemas. Quiero solicitar al señor Ministro de Educación, por intermedio de la Mesa, que tenga la gentileza de revisar lo que sucede con las asignaciones, porque es muy raro que los cursos de perfeccionamiento que realiza un profesor en la universidad no tengan validez alguna si no están visados por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigadoras Pedagógicas.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Sé acabó su tiempo, señor Diputado.

    El señor ULLOA.-

    Le ruego que me permita redondear la idea, señor Presidente.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Con la venia de la Sala, puede continuar Su Señoría.

    El señor ULLOA.-

    En materia de asignación por perfeccionamiento, hay una serie de irregularidades, que conviene que el señor Ministro de Educación las revise, porque algo está fallando, lo que provoca desazón en todos los profesores.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidentes).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

    El señor ORTIZ.-

    Señor Presidente, todos los Diputados presentes estamos interesados en solucionar los problemas que afectan a los profesores.

    Después de haber expuesto dos parlamentarios en nombre de los 42 que solicitamos esta sesión especial, si le parece a la Mesa se podría escuchar, primero, el planteamiento de los señores Ministro y Subsecretario de Educación, con el objeto de lograr el propósito de esta sesión, y, luego, las intervenciones de los parlamentarios de las diversas bancadas.

    Es mi solicitud, señor Presidente.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Señor Diputado, mi intención era ofrecer, a continuación, la palabra a Su Señoría; pero si el señor Ministro desea hacer uso de la palabra, con todo agrado se la concederé.

    Tiene la palabra el señor Ministro.

    El señor SCHIEFELBEIN (Ministro de Educación).-

    Señor Presidente, en verdad, estoy satisfecho con la invitación que se me ha formulado para discutir los problemas de pago de la unidad de mejoramiento profesional y de la asignación de zona para los profesores.

    Es efectivo que hay problemas derivados de la legislación correspondiente. Pero hemos sido capaces de resolver el 90 por ciento de los problemas generados en las municipalidades a raíz del no pago de la unidad de mejoramiento profesional, y esperamos resolver caso a caso los restantes.

    : No hay duda de que el pago de la asignación de zona requiere una precisión legal para evitar los actuales conflictos. Las dos intervenciones anteriores lo demuestran claramente. Sin embargo, estos problemas son indicadores de uno más de fondo: no hay incentivos para que el sistema tienda a resolver adecuadamente los grandes problemas de la educación en Odie. No hay incentivos para que las municipalidades asignen sus docentes de la manera más eficiente. No hay incentivos para que se mejore la calidad, especialmente de los alumnos de niveles socioeconómicos más bajos. No hay incentivos para que las municipalidades generen excedentes que puedan ser distribuidos como mayores remuneraciones a los docentes.

    Todo eso se refleja en que el 40 por dentro de los alumnos de cuarto grado no sean capaces de entender un texto sencillo.

    El actual sistema de financiamiento ha llevado a una paradoja: en la mayor parte de las municipalidades, los profesores sólo trabajan con veinte alumnos. Sin embargo, la investigación en todo el mundo -subdesarrollado y desarrollado- muestra que en cursos integrados por 15 y 40 alumnos no hay diferencias significativas en cuanto a los niveles de rendimiento académico. En cambio, la misma investigación indica que es mucho más importante disponer de textos, tener un horario más completo y profesores de mejor calidad.

    La actual asignación de los docentes, con 20 alumnos cada uno, sin duda permitiría mejorar sustancialmente la atención del sistema chileno. Si existen dos profesores, cada uno con 20 alumnos, uno podría atender a los cuarenta en la mañana y el otro en la tarde, con lo cual el nivel de rendimiento aumentada considerablemente.

    Una de las pocas cosas que se sabe con certeza en investigación de la Educación es que, a mayor tiempo en el proceso de aprendizaje, mayor es el rendimiento académico de los alumnos. Por ejemplo, los alumnos chinos que en las comparaciones internacionales obtienen los mejores puntajes en matemáticas, física y en otras disciplinas, trabajan con ese sistema.

    De modo que sería posible extender una parte de la jomada, o comenzar a educar a alumnos en horarios nocturnos, por ejemplo, a los adultos, o especializar a los profesores que quedaran excedentes para que empezaran a enseñar a los párvulos, de los cuales en Chile se atiende a la mayor parte de los de seis años, pero solamente a la mitad de los de cinco.

    Estas actividades, en la medida en que se subvencione la educación de adultos y de párvulos -esperamos proponer pronto al Congreso la atención en una jomada extendida-, permitirían generar ingresos muy superiores a los montos pequeños que discutimos en esta oportunidad.

    Todo esto indica que hay recursos disponibles en educación, pero se están utilizando muy mal, porque no existen los incentivos para hacerlo adecuadamente. Por lo tanto, se requieren modificaciones bastante más profundas que reparar algunas diferencias para subsanar algunos de los problemas que hemos visto acá y que exigen revisar completamente el sistema de financiamiento.

    Por ejemplo, sería muy importante resolver el déficit de horas de atención, cercano a 800 horas anuales, en comparación con los países más desarrollados, que llegan a las 1.200 y 1.400. Esa diferencia se la estamos quitando a los alumnos chilenos, con lo cual no van a conseguir los niveles necesarios para que Chile compita en el mercado internacional.

    Como lo señalaban los señores Diputados y la nota por la que nos convocaron, el Gobierno todavía no ha enviado el proyecto de ley. En estas cuatro semanas hemos preferido realizar los fustes necesarios; no sólo para resolver los problemas financieros, sino también para generar un sistema de incentivos con el objeto de realizar una buena gestión, favorecer a los alumnos con problemas, resolver la definición de zonas y asignar los montos suficientes para que tengan un adecuado financiamiento. En este análisis hemos aprovechado no sólo la experiencia nacional, sino la de los mejores especialistas del mundo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir una misión de 12 expertos a nivel mundial, con los cuales hemos discutido estos temas y, afortunadamente, concordamos en las proposiciones. Por lo tanto, nos sentimos bastante más tranquilos con el proyecto que estamos afinando y que esperamos presentar la próxima semana.

    La iniciativa incluye avances significativos respecto de la situación actual al crear un sistema nacional de incentivos con elfin de generar estímulos para qué las municipalidades mejoren su gestión y gradualmente reasignen a sus docentes; tanto a aquellos grupos más necesitados como a los que hoy no tienen acceso al sistema, especialmente los adultos y los párvulos. También pretende estimular el incremento del tiempo de atención, en especial de los alumnos que tienen rendimiento más bajo y problemas de aprendizaje.

    La investigación muestra que una de las pocas cosas que permite asegurar que esos niños mejoren sus niveles de rendimiento es dándoles más tiempo para aprender. Si los establecimientos pueden ofrecer una jomada extendida a los alumnos, se reducen, además, otros problemas asociados con dificultades para el cumplimiento .de sus tareas y la utilización del tiempo libre.

    El país debe realizar un esfuerzo especial para financiar tanto los procesos de reasignación de docentes como el funcionamiento adecuado de las escuelas y permitir el incremento gradual de los salarios de los maestros.

    El proyecto incluye un incremento de la subvención global y la adecuación del concepto de establecimiento rural, para que reciban todos los beneficios que actualmente ofrece la subvención y que no se puede aprovechar la mayor parte de ese .tipo de escuelas.

    También sé espera ajustar la subvención de la educación para adultos, con el fin de estimular a las municipalidades pata que ofrezcan esta modalidad, que ha decrecido sustancialmente en los últimos años y, finalmente, extender en forma gradual el horario de atención a alumnos de escuelas con bajo rendimiento.

    Si se aprueba este marco, no hay duda de que podemos tener una visión muy optimista del futuro de la educación en Chile. Existe una cobertura muy alta en educación básica, bastante razonable en media, y aun cuando falta en parvularia, es bastante adecuada para el nivel de desarrollo del país.

    Tenemos profesores excelentes, con una formación que puede transformar -en la medida en que se les proporcionen materiales- adecuados, especialmente de autoaprendizaje- el actual sistema frontal y posibilitar que el 40 por ciento de alumnos de cuarto grado que todavía no sabe leer, sea capaz de lograrlo en dos o tres meses, entendiendo lo que lee. Existen experiencias en Chile que nos muestran que es posible mejorar sustancialmente el rendimiento del sistema educacional chileno, siempre y cuando creemos un mecanismo dé incentivos en el cual pueda funcionar el sistema.

    Sin perjuicio de estar convencidos de que las modalidades propuestas facilitarán el ajuste de las formas de atención a cada localidad, también estamos en condiciones, aun cuando para ello necesitaría tener a mis asesores, de analizar los casos especiales que interesen a los señores Diputados, de precisar exactamente la naturaleza del problema en cada una de las localidades y de señalar su posible explicación.

    Gracias, señor Presidente.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    El Comité de Renovación Nacional me ha solicitado limitar a dos minutos la intervención de cada uno de los nueve señores Diputados inscritos para hacer uso de la palabra.

    En consecuencia, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el Diputado señor Munizaga.

    El señor MUNIZAGA.-

    Señor Presidente, he venido a esta sesión especial de la Cámara de Diputados con mucho optimismo, teniendo presente que el actual Gobierno ofreció priorizar el problema de la Educación en Chile. Sin embargo, después de escuchar las palabras del señor Ministro, que reflejan muy buenos propósitos, me da la impresión de que el Gobierno no tiene la voluntad de entregar los recursos 'que necesita el Ministerio de Educación para suplir su déficit de más de 23.000 millones de pesos anuales y permitir a los municipios cumplir sus compromisos con los profesores.

    Frente al tema específico del complemento de zona, quiero señalar en forma exacta y clara la situación de una de la$ comunas de mi distrito, en la Cuarta Región. En la comuna de Coquimbo, a partir de agosto de 1991 se comenzó a pagar a los maestros sueldos inferiores al mínimo nacional; a los que perciben sueldos superiores, por un error administrativo, se les imputa a diferencia de sueldo.

    La propia Contraloría General de la República, según dictamen N° 16.717, de julio de 1992, y oficio N° 2442, de diciembre de 1993, ha señalado que esto es un error y que procede la regularización y el pago retroactivo. Esta situación no ha sido solucionada por la Municipalidad de Coquimbo, porque no cuenta con recursos para hacerlo.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Señor Diputado, se cumplieron sus dos minutos.

    El señor MUNIZAGA.-

    Voy a terminar la idea, señor Presidente.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Está en su derecho, señor Diputado; sólo le estoy informando.

    El señor MUNIZAGA.-

    En consecuencia, por no contar dicho municipio con los recursos que necesita, solicito al señor Ministro de Educación que se entreguen los fondos que permitan a las municipalidades de Chile cubrir su déficit y cumplir con los compromisos que la ley les señala.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.

    El señor ORTIZ.-

    Señor Presidente, considero muy loable el motivo por el cual celebramos esta sesión.

    No me cabe la menor duda de que los 120 parlamentarios que fuimos elegidos el 11 de diciembre del año pasado deseamos que los casi 123.300 profesores del sistema educacional chileno tengan rentas dignas, en atención a su noble misión.

    Como Diputado de Gobierno, no puedo dejar de recordar el problema de fondo, es decir, el traspaso de la educación fiscal a las municipalidades y su incidencia en el financiamiento del sistema.

    En 1981, cuando comenzó el proceso de traspaso a las municipalidades, el financiamiento se hacía sobre la base de la UTM, que en este momento tiene un valor de poco más de 12 mil pesos. Pero en 1982 cambió y comenzó a bajar rápidamente el financiamiento de .la Educación chilena. Eso estaba absolutamente planificado: la educación pasó a ser un asunto más, dentro de la política de mercado de ese tiempo.

    Se produjo la crisis bancaria, y nos encontramos con la sorpresa de que nuevamente disminuyó ese financiamiento. En diciembre de 1989, el país invertía en educación sólo un 2,7 por ciento del producto geográfico bruto. Cabe recordar que de los casi 10 mil establecimientos que hay en nuestro país, el 93 por dentó de ellos se financian exclusivamente por el sistema de Unidad de Subvención Educacional.

    Con una política clara, formulada por el gobierno anterior, se logró que en diciembre del 93 ese 2,7 por dentó se elevará al 3,3 por ciento.

    Hago este recuerdo porque sigo siendo defensor de la ley N° 19.070, sobre el Estatuto Docente. Algunas cifras avalan mi posición. A comienzos de 1991, existían 25 mil profesores cuyo ingreso mínimo era de 16.500 pesos. El Estatuto Docente fijó un sueldo mínimo de 37 mil pesos. Naturalmente, no fue lo deseado, pero en diciembre de 1993 ese piso aumentó a 76.680 pesos. Sin duda, para los colegas con más de 20 años de servicio la situación ha sido muy difícil.

    Por otro lado, el Estatuto Docente contempló la inamovilidad de ese personal del sector municipal; y respecto de los colegios particulares subvencionados, para los cuales presentamos la indicación pertinente, se nos expresó que ella era inconstitucional porque atentaba contra la empresa privada. Recuerdo esto porque es bueno plantear los grandes problemas en forma seria, respetuosa y con él fin de mejorar la educación chilena.

    El señor Ministro de Educación señaló hace un instante que tuvimos el privilegio de tener por unos días a doce de los mejores técnicos en Educación del mundo, y en las conclusiones de esta misión de alto nivel nos encontramos con sorpresas. Al respecto, solicito que el Ministerio de Educación haga llegar este informe a los 120 Diputados. En él se indican claramente los avances en Educación en los últimos cuatro años y que, aun cuando su financiamiento ha subido de un 2,7 a un 33 por ciento, se ha constatado que es necesario llegar a acuerdos políticos para balancear demandas competitivas y aumentar el financiamiento para la Educación.

    Quiero hacer una petición por segunda vez, ya que también la formulé en el período anterior, a los 42 señores Diputados que solicitaron esta sesión -y no me cabe la menor duda de que todos los parlamentarios de la Concertación estamos por el aumento sustancial del presupuesto para Educación-, con el objeto de que presentemos un proyecto en forma unánime, a fin de buscar un financiamiento definitivo para la Educación, por ejemplo, sobre la base de un impuesto a las utilidades de las sociedades anónimas chilenas.

    Si estamos por solucionar el problema de la educación, debemos ser capaces de enfrentar los desafíos que nos plantea, como aumentar el salario mínimo de los profesores de 76.680 pesos, es decir, fijar un piso sustancialmente mayor.

    En nombre de la bancada democratacristiana, deseo señalar qué estamos ante una realidad; la falta de interpretación del artículo 5o de la ley N° 19.070. Hasta el 31 de junio de 1991, existía la USE zonificada; vale decir, la subvención Educacional más el porcentaje que le correspondía a la zona. En el caso de Concepción, era más un 20 por dentó. Hay algunos dictámenes de Contraloría, pero, al final, la ley ha establecido que, a contar de este año, es obligatorio pagar el complemento de zona.

    Solicité al señor Ministro de Educación que primero expusiera la política general del Gobierno encabezado por Eduardo Frei, sobre este tema. Al respecto, según la información que hemos recogido de los 334 municipios del país, solamente 220 están pagando este complemento de zona.

    ¿Qué plantean los actores involucrados en este gran proceso educativo? Primero, los legítimos representantes del Colegio de Profesores, elegidos por votación popular y democrática, han expresado su desacuerda en que no sea imponible el complementó dé zona. Por otro lado -tengo en mi mesa los planteamientos por escrito, la Asociación Chilena de Municipalidades ha señalado la necesidad de que se impute al adicional de remuneraciones.

    Esta vital materia debe ser resuelta a través de un proyecto que el Gobierno debe enviar lo más rápido posible, porque, aun cuando es un tema conflictivo, hay que enfrentarlo.

    Segundo, contamos con la interpretación de lo que significa la unidad de mejoramiento profesional, UMP. Para ser más claro, tengo en mi poder el acta de una sesión especial citada por la Comisión de Educación el 17 de noviembre de 1993, ocasión en la que me correspondió ser Presidente accidental. En ella se trató el protocolo que firmó el Gobierno con el Colegio de Profesores de Chile para solucionar algunos de los problemas pendientes. En la discusión en general y en particular que tu-vimos sobre este tema, se expresó que había que pagar esta asignación de 12.585 pesos a contar del 1° de diciembre de 1993. El Subsecretario de Educación de la época, don Julio Valladares, señaló que el costo total de esta asignación, para diciembre de 1993 -y tengo el informe técnico respectivo a la vista- ascendía a 1.669,2 millones de pesos; para 1994, será de 20.030 millones de pesos. Sin embargo, en abril de este año los alcaldes de Chile han hecho presente que en esos cuatro meses de 1994 han recibido un 55,39 por ciento de los fondos para pagar esta asignación.

    Ese es el problema. Por eso, el tema debe ser tratado con seriedad y es preciso que en esta sesión lleguemos a algunos acuerdos.

    La bancada del Partido Demócrata Cristiano considera que a todos los profesores a quienes les corresponde, se les debe pagar en un ciento por dentó el complemento de zona, porque es ley de la República. Pero también queremos tener claridad respecto de la interpretación de estas dos leyes. Hemos escuchado a los técnicos de los Ministerios de Educación y de Hacienda, quienes han expresado que; por un lado, están entregando esos dineros y, por otro, que hay mal manejo administrativo de algunos departamentos de Educación. Ese es un tema que tenemos que resolver, más aún cuando el señor Ministro de Educación ha señalado que tiene la mejor disposición para determinar si realmente se está cumpliendo la ley como corresponde en los 334 municipios del país.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Gracias, señor Diputado.

    En el tiempo correspondiente a la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Karelovic.

    El señor KARELOVIC.-

    Señor Presidente, felicito al señor Ministro de Educación por su optimismo respecto del futuro de la educación chilena; pero dejaremos las utopías para referirnos a lo que hoy nos preocupa.

    Existe un problema de Interpretación en cuanto a la fecha desdé la que debe pagarse la asignación de zona. Se ha indicado que como fue establecida por el Estatuto Docente, su vigencia sería la fecha de su puesta en vigor: el 1° de julio de 1991. Por otra parte, la Contraloría estima que el beneficio sólo se ha hecho exigible desde la fecha en que el respectivo municipio ha comenzado a pagarlo, en todo caso, a contar del 31 de diciembre de 1993, no siendo posible entender que el mismo sea devengado dé la data de vigencia de la ley, pues para ello sería necesario la existencia de una disposición legal expresa en tal sentido, lo que no acontece en la especie.

    La primera interpretación ha sido planteada en diversos tribunales del país, especialmente en mi región, la Duodécima, y estimo que es la correcta. Por concepto de no pago de la asignación de zona a irnos 700 profesores de Punta Arenas, en lo que va corrido de este año, se adeudan 150 millones de pesos, que ascenderán a 200 millones de pesos a fines de este mes.

    Los pagos de las asignaciones de perfeccionamiento y desempeño difícil, dispuestos en la ley N° 19.278, están pendientes desde hace un año para la mayoría de los profesores. De pagarse hoy, se haría a: un valor nominal, esto es, con moneda de marzo de 1993, lo que representa una pérdida similar a la variación del IPC en el mismo período.

    El pago debe ser absorbido por las corporaciones, las cuales también los reciben en moneda de 1993, lo que aumentaría aún más el déficit que enfrentan esos organismos administradores.

    En mi región, el beneficio se ha pagado de acuerdo con lo que dispone, la Contraloría General de la República en las siguientes comunas: San Gregorio, Laguna Blanca, Río Verde, Primavera, Timaukel y Torres del Paine.

    Los profesores de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir debieron interponer demandas reclamando dicho beneficio, por lo que urge una solución para obtener cuanto antes el pago de los emolumentos adeudados y fiscalizar el pago oportuno de los futuros, así como el de la unidad de mejoramiento profesional establecido por la ley N° 19.278.

    Por lo tanto, ruego oficiar a los señores Ministros de Hacienda y de Educación, en el sentido de que se cumpla con lo expuesto en mi intervención y se termine con mi postergación a que son sometidos los abnegados profesores.

    He dicho.:7

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Se enviarán los oficios correspondientes.

    Tiene la palabra la Honorable Diputada señora María Ántonieta Saa.

    La señora SAA.-

    Señor Presidente; quiero expresar, antes de cualquier consideración sobre el tema que hoy nos convoca, el profundo reconocimiento, tanto personal como del Partido por la Democracia, de los maestros y maestras de Chile, cuya abnegada labor contribuye y ha contribuido a nuestro desarrollo como país.

    La educación, en todos sus niveles y modalidades, es la base de nuestro desarrollo; así lo hemos entendido en estos años de reconstrucción democrática de nuestro país.

    Los objetivos de mejorar la calidad y la equidad de la educación han sido prioritarios para el primer gobierno de la Concertación y lo seguirán siendo para la administración del PresidenteFreí, que está comenzando. Sin embargo, ninguna política de elevación dé la calidad de la enseñanza puede realizarse a plenitud, ni tampoco podría hablarse de equidad en la educación sin mejoramiento de la condición docente.

    Durante los años pasados, el profesorado perdió el reconocimiento de las especificidades del trabajo docente conquistadas en 1960 y 1970, y fue sometido a las normas generales de la ley laboral común. Es así como la situación laboral de cada maestro se vio sometida a la discrecionalidad, cuando no a la arbitrariedad, del empleador de tumo, fuera éste del sector público o privado.

    El Estatuto Docente, aprobado en julio de 1991, reparó la situación antes planteada. Sin embargo, si bien en ella se contienen las bases de la dignidad de la función docente, estamos conscientes de que aún no se dan las condiciones necesarias para superar la depreciación a la que se vio sometida la labor del profesorado chileno durante el régimen autoritario.

    A pesar de los esfuerzos que se han hecho, por mejorar la calidad de la educación chilena en estos últimos años, la inversión del Estado sólo representa el 2,76 por ciento del producto interno bruto, mientras que en los países de ingresos medios y altos es de alrededor del 4,5 por ciento. Con esta realidad, nuestra capacidad de .mejoramiento de la educación tiene una data limitación. El sistema de financiamiento de la educación establecido en 1981, en que el Estado se hizo cargo de más del 90 por ciento de los educandos, sufrió un .grave deterioro que tuvo como consecuencia enorme déficit en el sector municipal y en la situación laboral del profesorado.

    Por otra parte, los instrumentos de financiamiento enfrentan problemas estructurales. La subvención educacional no refleja la estructura relativa de costos en los distintos tipos de enseñanza. Por ejemplo, la Educación parvularia tiende a presentar una relación profesor-alumno más reducida que la Educación básica, lo cual no se refleja en el valor de las subvenciones. Otro ejemplo se da en los sectores rurales, donde esta relación es menor debido a las condiciones de menor concentración de población.

    Además, queremos subrayar que la subvención para el sector privado prácticamente pasa a ser propiedad privada de los sostenedores, al considerarla como pago por una prestación de servidos -según el artículo del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1989-, lo que imposibilita que el Estado verifique si los recursos se invirtieron realmente en el proceso educativo.

    En 1993, el Ministerio de Educación traspasó 21 millones de pesos para pagar los bienios del sector privado subvencionado. En cuanto a aquellos establecimientos donde no existen convenios colectivos, y que representan un 60 por dentó del total, cabe preguntarse en qué se invirtieron los reclusos. Resulta evidente que el Estado chileno no cuenta con los medios para cautelar que los recursos entregados para los profesores les lleguen efectivamente.

    Al problema del financiamiento y sus modalidades se suman los de gestión y administración. Gran parte de esta responsabilidad se trasladó a los municipios, que hoy enfrentan enormes dificultades en el cumplimiento de esta tarea.

    El desafío del mejoramiento de la calidad de la Educación chilena requiere abordar estos y otros complejos problemas. Nuestro partido está dispuesto a contribuir en esta labor, que considera fundamental para el desarrollo del país.

    En relación con el tema específico que hoy nos convoca, creemos que el Gobierno debe asumir los compromisos contraídos con el magisterio y no nos cabe ninguna duda de que lo hará, superando los problemas administrativos y financieros que los han originado.

    Por último, queremos expresar que la seriedad que reviste este problema para el magisterio chileno no amerita que se transforme en bandera de lucha de sectores que ayer nada dijeron y .que, en muchos casos, implementaron las medidas a través de las cuales los maestros y maestras chilenos fueran objeto de la casi total expropiación de sus derechos y del brutal menoscabo de su histórica dignidad.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra, por dos minutos, el Honorable señor Kuschel,

    El señor KUSCHEL.-

    Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción porque estamos tratando este tema, aunque, como se ha dicho, el problema de la educación es más amplio. De acuerdo con las cifras que maneja la Asociación de Alcaldes, el déficit general de todas las municipalidades asciende, aproximadamente, a 30 mil millones de pesos y afecta al 90 por ciento de los municipios.

    En este cuadro, hay alrededor de 123.300 profesores, pero en los últimos años, a pesar de que se han incrementado los recursos, también ha aumentado el número de profesores más o menos en 10 mil Creo que a eso se refiere el señor Ministro cuando señala que además de no contar con los estímulos suficientes para que la educación funcione bien, tampoco existen los incentivos apropiados para realizar una buena gestión al respecto.

    No hemos solucionado el problema, ya que, con el Estatuto Docente, generamos problemas estructurales y un déficit que, en el caso de las comunas que represento en Puerto Montt, se estima este año en cerca de 380 millones de pesos; en Calbuco, 120 millones; en Maullín, 32 millones, y en Cochamó, tal vez, 8 millones. Todo ello, en general, puesto que no me refiero sólo a las asignaciones del Estatuto Docente.

    Por otra parte, esta mala administración de los municipios, acentuada en los últimos años, se debe, a mi juicio, a que hay estímulos perversos desarrollándose en el actual sistema. En este sentido, quiero decir que confió en el criterio y en la aproximación del señor Ministro sobre la materia -tuve la oportunidad de conversar con él-; no así respecto de otras gestiones.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Le, restan dos minutos, señor Diputado.

    El señor KUSCHEL.-

    …y espero que nos acerquemos a una solución, asignando como nación un poco más de recursos, pero generando los estímulos para una buena administración y atención de la enseñanza, porque estamos muy lejos, sobre todo, en horas de clases de los alumnos, en eficiencia y en aprovechamiento de la estructura de la que hoy disponemos, la cual no es despreciable.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cinco minutos, el Honorable Diputado señor Rocha.

    El señor ROCHA.-

    Señor Presidente, con mucho agrado plantearé mi posición en relación con esta importante materia.

    Esta sesión coincide con la convocada por los alcaldes de la Octava Región el sábado de la semana pasada en la dudad de Santa Juana, para analizar no sólo la educación, sino también la salud. Concluyeron que la situación es gravísima, especialmente la de la educación municipalizada, por cuanto no se dispone de los recursos adecuados y actualizados a fin de cumplir con el compromiso legal, o del acuerdo del Ministerio con el magisterio de Chile, después de importantes luchas reivindicativas.

    En esta sesión, cada uno de nosotros quiere hacer presente la realidad del distrito que representa. Yo, de alguna manera, lo voy a hacer, porque es importante que se sepa que en la provincia de Arauco hay problemas graves.

    Por ejemplo, en la comuna de Arauco, el déficit acumulado en el sector educación, entre diciembre y marzo, alcanza, aproximadamente, a 20 millones de pesos. Cañete, sólo en marzo, tiene un déficit superior a 10 millones de pesos, al cual se agregan los de febrero, de 8 millones, y de enero, de más de 5 millones. En el caso de Lota, comuna con grandes índices de pobreza, es más dramático todavía. Su déficit alcanza ya a 335 millones de pesos, en circunstancias de que el municipio cuenta con un presupuesto anual de cerca de 800 millones de pesos para cumplir todas las funciones que la ley le asigna en beneficio de la comunidad. Además, no puede olvidarse que hay municipalidades, como la de Lebu> que estuvo imposibilitada, incluso, de pagar las cotizaciones previsionales de los profesores, lo que originó situaciones aún mucho más graves y dramáticas.

    No obstante, deseo expresar la complacencia de los Diputados del Partido Radical por la importante y documentada exposición del señor Ministro de Educación. Con el espíritu más limpio debemos entender que este Gobierno está priorizando el tema de la educación, más aún cuando el señor Ministro nos señala que dentro de los próximos días se presentará un proyecto de ley destinado a regularizar esta situación, lo cual nos complace y conforma.

    No parece lógico que este tema sea abordado con anteojeras o en forma sesgada, mucho menos por quienes conectaron la educación chilena con un sistema de alcalización que fue lo peor y lo más nefasto para los profesores que haya ideado Gobierno alguno.

    Por esta razón, saludo al señor Ministro de Educación y confío en que habrá de recoger nuestras inquietudes para hacerlas valer con la urgencia que se requiere ante el señor Presidente de la República.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Ulloa.

    El señor ULLOA.-

    Señor Presidente, en esta oportunidad -como dice un colega en este instante- quiero ir al grano.

    Hemos solicitado esta sesión con un solo objeto: verificar el cumplimiento de la ley, nada más y nada menos. No hemos venido aquí a pronunciar grandes discursos, a escuchar hada dónde va hoy la política Educacional, sino, lisa y llanamente, a saber por qué razón no se cumple con la ley. Eso es únicamente lo que pedimos. Todos hemos concordado en reconocer que existe un grave problema, y nadie duda de las buenas intenciones, pero hay una ley al respecto y exigimos saber por qué no se cumple.

    Ahora bien, si de recuerdos se trata -como lo hizo mi colega José Miguel Ortiz-, debo decir que en forma unánime este Parlamento mejoró el Estatuto Docente, por ejemplo, la letra g) del texto, original. Todos nos acordamos de esa famosa disposición que establecía que en caso de existir un excedente de profesores respecto del número de alumnos, automáticamente quedaban sin trabajo. Cambiamos eso; no sólo la Oposición, sino todos. El objetivo era mejorar la situación de los profesores, y la ley salió. Hoy la UDI exige saber por qué razón no se está cumpliendo con ella.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz.

    El señor MUÑOZ.-

    Señor Presidente, estoy complacido por esta sesión especial, toda vez que la materia que nos ocupa se relaciona con un sector de trabajadores al que tanto le debemos: a los profesionales de la educación.

    Los temas en cuestión, asignación de zona y unidad de mejoramiento profesional, han tenido un tratamiento dilatorio de los organismos que deben pagar estos beneficios. En algunas comunas corno Punta Arenas, Natales y Porvenir, de la Duodécima Región, los profesores han debido recurrir a los tribunales de justicia para reclamar el derecho que les otorga la ley N° 19.070, del 1° de julio de 1991. Algunos sostenedores de establecimientos educacionales y ciertas corporaciones educacionales hacen interpretaciones antojadizas del cuerpo legal señalado, con el único objeto de no pagar los beneficios a que nos estamos refiriendo. Esta aseveración se basa en los siguientes puntos:

    1°.- Un acabado estudio personal que he hecho de la materia, cuyas conclusiones no expondré en esta oportunidad por razones de tiempo. Sólo diré que son absolutamente concordantes con los serios análisis que me han presentado los profesores de la Región de Magallanes, que represento.

    2°.- La División Jurídica de la Contraloría General de la República, con fecha 11 de agosto de 1993, en respuesta a una petición del Diputado señor Francisco Bayo, relativa a la retroactividad del beneficio de asignación de zona, señala el derecho al beneficio, mas no a su retroactividad.

    3º.- El 14 de enero de 1993, el entonces Director Nacional del Trabajo respondió al señor Inspector Comunal del Trabajo de Ancud, analizando la ley N° 19.070, artículos 2° y 5°, y 5° transitorio; el decreto ley N° 249, artículo 7°, y el artículo. 1545 del Código Civil: "A los profesionales de la educación que laboran en los establecimientos educacionales subvencionados con arreglo al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1989, del Ministerio de Educación, les asiste el derecho a percibir una asignación de zona en el evento de que presten servicios en algunas de las localidades en, que la subvención estatal a la educación se incremente por concepto de zona, de acuerdo con el artículo 10 de dicho precepto legal."

    4o.- El dictamen 5691-263 de la Dirección Nacional del Trabajo concluye en el mismo sentido que los enunciados anteriormente.

    Señor Presidente, ante los planteamientos expuestos, solicito que se oficie a los Ministerios de Hacienda y de Educación para que, en lo que les corresponda ordenen el pagó del beneficio mencionado.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Pérez.

    El señor PEREZ (don Ramón).-

    Señor Presidente, el asunto que hoy nos preocupa afecta gravemente al profesorado, del país.;

    En la Primera Región, específicamente en la comuna de Iquique, se está perjudicando, como consecuencia lógica, a todo el alumnado, debido a que los profesores ya han efectuado dos paros, uno por 48 horas y otro por 24 horas; además, se ha anunciado uno indefinido de no resolverse la situación. Lo mismo se habría acordado a nivel nacional.

    Ya que contamos con la presencia del señor Ministro de Educación -lamentamos la ausencia de los restantes invitados-, solicito que nos aclare la divergencia surgida a lo largo del país, en el sentido de qué los fondos recibidos por las corporaciones municipales son insuficientes para pagar las asignaciones de zona:

    En marzo reden pasado los profesores denunciaron a la Dirección Regional del Trabajo que la Corporación Municipal de Iquique no había pagado el complemento de zona correspondiente a enero y febrero del año* en curso. Se ordenó una fiscalización que permitió comprobar la irregularidad mencionada y se cursaron a esa corporación tres multas administrativas: una laboral y dos previsionales, por 13 millones de pesos.

    Por otra parte, la Ilustre Municipalidad y la Subdere, de común acuerdo, para hacer un ajuste económico, acordaron jubilar a) 8V profesores, lo que implicaba un pago de 229 millones de pesos por concepto de indemnizaciones. Pero la Subdere, desconociendo el acuerdo, ofreció sólo 100 millones, lo que impidió la jubilación convenida; por lo cual la municipalidad se vio obligada a pagar el sueldo de marzo a estos profesores, pues ya se les había reemplazado en sus cargos.

    Como es lógico, estos gastos en que ha incurrido esa corporación sólo perjudican los programas sociales, que son los que más necesita la gente, oí Para elevar la calidad de la educación, debe mejorarse la situación económica del profesorado y dignificar su labor, lo cual se conseguiría respetando la ley. Mucho se habla acerca de que la educación es primordial y fundamental para el país -que está en proceso de desarrollo-, pero, además, su eficiencia, calidad, equidad y modernización deben basarse en el entendimiento de que la justicia, el respeto y la consideración hada el magisterio constituyen el factor preponderante para que la tarea de educar sea cada día más digna y reconocida, como se merece. ..

    Señor Presidente, me sumo a la petición de oficios hecha por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

    El señor VALENZUELA.-

    Señor Presidente, también trataré de ir al grano; pero lo primero que se debe hacer es reconocer una verdad que quiero recordar.

    Entre 1981 y 1991 muchos profesares no sólo carecieron de asignación de zona, sino que ni siquiera tuvieran sueldo mínimo. Incluso, muchos se jubilaron con un sueldo base de 18 mil pesos, que era el mínimo correspondiente a cualquier trabajador de Chile. Hay alguien responsable de esto, y habría visto con mucho agrado que quienes firmaron el proyecto de acuerdo en busca de un mejoramiento para el profesorado hubieran tenido la misma actitud en la época en que se aplicó el proceso de municipalización de la enseñanza.

    El señor LONGTON.-

    ¡Vaya al grano!

    -Hablan varios señores Diputados a la vez.

    El señor VALENZUELA.-

    Estoy yendo al grano. Ahora sigo porque la historia hay que decirla completa. Ese es el origen.

    Saludo con mucho afecto al señor Ministro, pero no concuerdo con su idea de que se requiere de una iniciativa legal para dar cumplimiento al pago de la asignación de zona. ¿Por qué? Porque yo presenté la indicación que establecía dicho beneficio en el Estatuto Docente, y en esa oportunidad el Presidente de la Comisión me dijo que ella era inconstitucional. Felizmente, el Ministerio de Educación nos informó que el incremento de zona estaba costeado desde su origen, porque se contemplaba dentro del valor de la USE. De manera que los colegas de Arica, por ejemplo, a quienes se les paga el 50 por ciento de asignación de zona, lo han recibido desde que se creó el mecanismo de la subvención. Es decir, la indicación era absolutamente constitucional y por eso se aceptó.

    Ahora bien, ¿quién es el culpable del no pago? No creo que sea el Gobierno, porque ha cumplido con los pagos, hay que clarificar el punto y decir la verdad; por lo menos, los profesores acostumbramos a desarrollar esa virtud.

    Creo que el dinero con el que se debió haber pagado se ocupó en otros fines. Por ejemplo, en Antofagasta, donde se paga el 30 por ciento, se implementó una imprenta que prestó servicios a todas las dependencias de la municipalidad, cosa que no correspondía. Si esto hubiera ocurrido en una corporación de derecho público, seguramente habría constituido una malversación de fondos. Se cometieron una serie de errores, pero el beneficio está pagado.

    Si se quiere buscar una solución, ésta debe ser caso a caso, como lo ha estado realizando la Subdere y el Ministerio de Educación, para evitar que sostenedores inescrupulosos, municipales o particulares, utilicen en otros fines los recursos destinados a esté incremento. Repito, el financiamiento está; y donde falte debe buscarse caso a caso, porque, a mi juicio, este benefició debe pagarse.

    ¿Desde qué fecha rige su pago? En mi opinión, debe percibirse desde la fecha en que se publicó la ley en el Diario Oficial, es decir, desde el 1° de julio de 1991, por dos razones:

    En primer lugar, el Código Civil establece que la ley entra en vigencia desde el momento en que se publica en el Diario Oficial.

    En segundo lugar, el artículo 5o, que lo establece, dice que los pagos se ajustarán hasta el 31 de diciembre de 1993. Gramaticalmente, "ajustar" no es igual que "pagar"; si la ley hubiera querido disponer que se pagará a contar del 31 de diciembre, debió haberlo dicho. De manera que no corresponde pensar que este beneficio se hace efectivo sólo a contar de esa fecha. Reitero mi posición -y así lo planteé en el Directorio Regional de Profesores de Antofagasta, que presidí en la época de la dictadura-, esta asignación debe pagarse desde la fecha de publicación de la ley.

    Por una razón de estructura legal, quiero manifestar que para clarificar la fecha de pago del incremento en aquellos casos en que el Estatuto Docente estableció gradualidad, se dispone expresamente, en el artículo 6°, que la asignación de experiencia se pagará durante 1991, en un 50 por ciento; durante 1992, en un 80 por ciento. Para concluir que este beneficio sólo rige a contar del 31 de diciembre de 1993, tendría que haberse dictado una disposición en ese sentido y ello no ocurrió.

    Por eso, estimo que existe el financiamiento adecuado, pero no se ha utilizado convenientemente; y debe aclararse que el beneficio tiene que pagarse a contar de la vigencia de la ley.

    Finalmente, como todos los problemas de la educación no pueden arreglarse en una sesión, sino con disposiciones legales, debe buscarse consenso para solucionar el problema del pago oportuno de las asignaciones a los profesores. El señor Foxley, en la Comisión Especial de Codelco, que presido, dijo que ninguno de los beneficios sociales se iba a dejar de cumplir a raíz de lo ocurrido en la empresa y que el presupuesto se incrementaría con el ahorro público.

    Tengo plena confianza en que las autoridades de Hacienda y de Educación piensen que hay algo de ahorro previo para pagar esta deuda a los profesores del país.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado.

    El señor ALVARADO.-

    Señor Presidente, como ya se ha señalado, los profesores del país enfrentan una difícil situación, en especial quienes desarrollan sus labores profesionales en las zonas extremas. A su vez, surgen en ellos sentimientos encontrados.

    Ayer, al aprobarse las normas del Estatuto Docente y de la ley N° 19.278, que estableció la unidad de mejoramiento profesional, sentían que, de alguna manera, se estaba dando satisfacción a antiguas aspiraciones tendientes a mejorar sus remuneraciones.

    Hoy, al encontrarse con la realidad deficitaria de los municipios y corporaciones de educación que no pueden hacer frente al pago de beneficios establecidos por ley, surge en ellos una frustración natural y el legítimo derecho de hacer valer, por diferentes vías, el cumplimiento de lo legislado en su favor. Por ello, resulta injusto que después de largos viajes para hacer presente a la autoridad su preocupación, los profesores no sean recibidos por aquélla. La culpa no es de los maestros. Ellos no reclaman ni exigen nuevos beneficios: sólo se unen en una causa común para demandar el cumplimiento de la ley.

    Días atrás, en Chiloé, nueve corporaciones municipales de educación, después de una paralización de actividades de los profesores, firmaron ante la inspección del trabajo actas de reconocimiento de deudas con vencimientos en el próximo mes de mayo, para materializar los pagos de los montos adeudados. Dichos convenios revisten especial gravedad, ya que ni las corporaciones ni las municipalidades cuentan con recursos suficientes para darles cumplimiento, lo que hace temer que en las próximas semanas los tribunales de justicia ordenen el embargo y remate de bienes de esas instituciones.

    En mérito de lo anteriormente expuesto, adhiero a los planteamientos formulados para buscar una solución inmediata y definitiva al problema que hoy afecta a miles de maestros.

    He dicho.

    El Diputado señor Ulloa me ha pedido hacer presente que en Talcahuano, por ejemplo, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, en junio de 1993 se adeudaba la suma de 381 millones de pesos por concepto de asignación de zona.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Zambrano.

    Restan 11 minutos al Comité de la Democracia Cristiana.

    El señor ZAMBRANO.-

    Señor Presidente, el proceso de municipalización de la educación en Chile parte en 1980 y concluye en agosto de 1981 con un subsidio que inicialmente financiaba el sistema. A poco andar, la unidad de subsidio educacional dejó de reajustarse en el ciento por ciento de la variación del índice de precios al consumidor, lo que trajo como consecuencia el deterioro paulatino de este factor fie medición y que los municipios se vieran impedidos de financiar el sistema Educacional.

    Debo dejar en claro, además, que el personal traspasado desde el Ministerio de Educación a las municipalidades fue contratado bajo las normas del Código del Trabajo, con el sueldo base y las asignaciones de zona de que en dicho momento gozaba el magisterio. La ley N° 19.070 establece que donde la subvendrán educacional se incremente por concepto de zona, la remuneración básica mínima nacional se complementará en una cantidad adicional que se pagará con cargo a dicho incremento.

    Se han suscitado distintos criterios de interpretación de esta norma. Primero, la Contraloría General de la República la interpretó en el sentido de que el pago de la asignación de zona debía imputarse al adicional. En agosto de 1992 cambió su interpretación y señaló que no es imputable, lo cual ocasionó graves déficit a los municipios, que vieron incrementados los que ya tenían al momento de dictarse la referida ley.

    El Diputado que habla vivió esta experiencia, pues fue alcalde de Coihaique hasta septiembre de 1992. Tratamos de cumplir la ley, pactando con el Colegio de Profesores una forma escalonada de pago de la asignación de zona, sobre la base de la interpretación original de la Contraloría. A partir de la segunda interpretación, en agosto de 1992, a los alcaldes de mi región les ha sido imposible cumplir por falta de recursos.

    Pienso, a diferencia de los colegas de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, que el legislador no fue claro en la redacción de la norma, pues ha dado lugar a estas interpretaciones equívocas del organismo contralor.

    Como representante de la Región de Aysén y consecuente con una postura política permanente en defensa de los trabajadores de Chile, apoyo la posición de nuestro magisterio para ver incrementados sus ingresos, no comparto el criterio de mis Honorables colegas de las bancadas de la Derecha, que durante muchos años avalaron el deterioro de la educación y de las remuneraciones de los maestros.

    -Habían varios señores Diputados a la vez.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

    El señor ZAMBRANO.-

    Hoy pretenden convertirse en defensores de los derechos de los servidores del Estado y, en particular, de los profesores.

    -Hablan varios señores Diputados a la vez.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Diputado señor Taladriz, ruego a Su Señoría guardar silencio.,

    El señor ZAMBRANO.-

    Los profesores de Aisén y de las zonas más aisladas dé Chile merecen que el Estado, el Gobierno, haga un esfuerzo económico y financiero para buscar una solución adecuada al conflicto que viven los docentes beneficiarios de la asignación de zona. Los profesores de Aisén están dispuestos -he conversado con ellos- a buscar una solución que, en un plazo prudencial, mejore sus ingresos.

    Vivir en Aisén no es lo mismo que hacerlo en otras regiones de Chile. Allí todo es más caro; los alimentos, el vestuario, curar las enfermedades, financiar los viajes a la capital y a cualquier otro lugar de Chile. Los que vivimos en regiones aisladas, como Aisén, necesitamos que el resto del país contribuya a mejorar nuestra situación.

    Estimo de plena justicia el movimiento de los profesores de Aisén. Por lo tanto, solicito al señor Ministro de Educación hacer un esfuerzo para que su ministerio y el de Hacienda estudien, este año, en forma extraordinaria, la fórmula de financiar parte de las peticiones de los profesores de Chile y, en particular, del magisterio de nuestra Región de Aisén, mediante un suplemento en el presupuesto para 1995.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra él Diputado señor Solís.

    El señor SOLIS.-

    Señor Presidente, antes que nada quiero hacer un alcance a las palabras del Diputado señor Zambrano, en cuanto a la preocupación que debería existir para solucionar los problemas del magisterio en nuestra Región.

    Creo que la primera prueba la debe dar el Gobierno. No obstante, no la dio ayer, cuando cinco dirigentes que viajaron desde Coihaique a Santiago para celebrar una reunión con el señor Ministro, a la cual estaban citados, no fueron recibidos ni por el Ministro ni por el Subsecretario. Considero tal actitud una falta de respeto; no sólo para el magisterio, sino también para la Undécima Región de Aisén.

    Comparto plenamente los conceptos vertidos por los Diputados señores García y Ulloa, relativos al complemento de zona y a la unidad de mejoramiento profesional.

    Mi intervención tiene por objeto poner en conocimiento de la Honorable Cámara la situación del magisterio de la Undécima Región. Cuando los profesores exigen el pago del complemento de zona, no están reclamando un porcentaje del 10 ó 20 por dentó, sino el 105 y 125 por dentó de zona aplicable sobre la remuneración básica mínima nacional y no imputable a la adicional. Quizás para muchos puede ser excesivo, pero quienes vivimos en la Región de Aisén y conocemos la realidad del aislamiento geográfico, el costo de la vida, que no se compadece con el de otras zonas del país, y lo que le significaría a un profesor tener que salir de la zona a perfeccionarse o enviar un hijo a la universidad, comprendemos y aceptamos como válidas y legítimas las exigencias planteadas por el magisterio, que nacen de los beneficios contemplados en una ley de la República, los cuales no se han cumplido.

    El no pago de estos beneficios, luego de recurrir a distintas instancias de diálogo ante las municipalidades, secretarías de Estado, seremis, etcétera, motivó que los profesores de la Undécima Región de Aisén hayan tenido que recurrir a la movilización con el fin de llamar la atención del Gobierno central para buscar una solución a su problemática. Ello originó que desde el limes 4 de abril a la fecha, y con carácter de indefinido, los profesores de los colegios municipalizados de la Región mantengan un movimiento de suspensión de actividades en los establecimientos mencionados, con la adhesión de las organiza- dones sociales, centros de padres, centros de alumnos, pequeños empresarios de la locomoción colectiva, etcétera. No obstante lo anterior, la solución no ha llegado. Tengo confianza en que se logrará en la presente sesión.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el señor Ministro.

    El señor SCHIEFELBEIN (Ministro de Educación).-

    Señor Presidente, a través del Seremi de la región advertimos a los profesores de Coihaique que estábamos dispuestos a recibirlos tan pronto como finalizaran la huelga, pues nos pareció impropio hacerlo en esas condiciones.

    En todo caso, nos parece importante que en las regiones que representan, los señores Diputados informen a los profesores que la próxima semana les entregaremos un anteproyecto de ley que tiende a solucionar el problema de acuerdo con la normativa legal vigente, para que tengan la oportunidad de analizarlo.

    Gracias.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Le restan 6 minutos 59 segundos al Comité de la Democracia Cristiana.

    Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

    El señor VILLOUTA.-

    Señor Presidente, para los que hemos estado por más de cuatro años en la Comisión de Educación de la Cámara, no nos cabe la menor duda de que al asumir el gobierno don Patricio Aylwin la Educación y la situación del profesorado estaban bastante deterioradas.

    Para verificar este aserto nada mejor que evaluar la inversión que se hizo en esa época en relación con el producto geográfico bruto. No voy a repetir la cifra porque ya la dieron a conocer varios señores Diputados, pero está claro que en 1989 la inversión en Educación había bajado prácticamente a la mitad, en relación con la de 1972. Sólo en 1993 llegamos a un 3,3 por dentó, en circunstancias de que el índice histórico es del 4,5 por dentó. De allí que podemos concluir de quién es la mayor responsabilidad en la situación que vive el profesorado.

    Otro de los problemas está relacionado - con la poca capacidad de los alcaldes para enfrentar debidamente el traspaso de la educación a los municipios desde 1981 hada adelante. Es ahí precisamente donde se empieza a producir el endeudamiento municipal, debido a medidas que no se encauzaron a nivel nacional, puesto que cada uno solucionó el problema de acuerdo con la mayor o menor presión de los profesores de su comuna.

    Las múltiples medidas tomadas por el Ministro de Educación para resolver la cantidad de problemas de los municipios no han dado los resultados deseados a causa de la multiplicidad de factores que inciden en el déficit educativo de cada municipio. Los gastos en que deben incurrir en la mantención de las corporaciones educacionales, en personal de administración de la Educación y otros que se les imputan indebidamente, hacen imposible que puedan financiar la Educación en las respectivas comunas.

    En más de alguna oportunidad, en la Comisión de Educación hemos conocido hechos y casos en que las municipalidades, a través de los departamentos de Educación, pagan a los choferes del alcalde e incluso la bencina de la camioneta de la municipalidad.

    El señor MASFERRER.-

    ¿Ahora?

    El señor VILLOUTA.-

    No, señor Masferrer. Fue en el período de los alcaldes designados.

    Pe todas maneras, más de algún municipio de los distritos que representamos debe tener una serie de situaciones similares. Mientras los alcaldes no tomen debida nota -resto es para todos, sin distinción-, deben financiar la Educación sin ocupar los fondos que se les entregan, correspondientes a la subvención, en ítem totalmente indebido, como lo expresó el Diputado señor Valenzuela.

    Como dije al principio, hay responsabilidad de los alcaldes, desde el momento en que el año pasado se creó, a través de la

    Subsecretaría de Desarrollo Regional, un sistema de indemnización especial a los profesores que tengan los años de servido para jubilar. En la Novena Región, sólo aprovechan esta posibilidad diez comunas de Cautín y seis de Malleco. Es decir, prácticamente la mitad de las comunas de la región, con un total aproximado de sólo 210 profesores.

    En esta forma, es imposible que los municipios que tienen una carga de profesores con muchos años de servido puedan aligerarla de manera adecuada, si no toman la responsabilidad cuando se les ofrece un medió para solucionar algunos de estos problemas.

    El colega señor Ramón Pérez habló de la situación de Iquique. A lo mejor sucedió lo mismo que en la comuna de Angol, donde primero el alcalde presentó una nómina de 17 profesores para jubilar y después otra de 34, cuando ya las cifras estaban solicitadas y, más aún, entregados los antecedentes de los profesores que podían jubilar en plazos venados. De manera que en mi región supe de varios casos en los que se hizo excepción, por lo cual, al final se solucionaron algunos de los problemas, no todos, para que los municipios tuvieran la cantidad de dinero que estaban pidiendo, pero, como digo, siempre en fechas incorrectas o véndelas.

    Por otra parte, las estadísticas que lleva el Ministerio de Educación indican claramente que, pese a producirse una baja en las matrículas, la dotación docente aumenta, agravando la proporción profe-sor-alumno. Entonces el sistema educacional nunca se financiará si los alcaldes no se preocupan de resolver esta situación.

    Quiero llamar la atención sobre el hecho de que1 algunas universidades promueven profusamente cursos destinados, en apariencia, a completar algunos estudios que permitan obtener el título de profesor. En la práctica, hasta el personal de servido se ha inscrito en ellos, lo que significa que en un tiempo más tendremos personas con títulos que presionarán para obtener trabajo como maestros, con lo que se agravará aún más la desproporción entre profesor y alumno.

    Podríamos agregar muchos otros argumentos en relación con el tema, pero esperamos hacerlo en la Comisión cuando llegue a nuestro poder el proyecto que está en su etapa final de estudio en los Ministerios de Hacienda y de Educación, del que ya habló el señor Ministro del ramo en esta sesión.

    En mi concepto, esta situación tiene salida, pero ella involucra el compromiso, especialmente de los alcaldes y de los profesores, de tomar las medidas que corresponden.

    El Diputado señor Ulloa recordó la letra de un artículo en que se defiende la inamovilidad de los profesores; pero, si nos ponemos una mano en el corazón, tendremos que damos cuenta de que por mirar el aspecto social de un despido hemos ido agravando la situación del sistema educativo chileno.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    El Honorable Diputado don Alejandro García-Huidobro ha solicitado la palabra. ¿Puedo imputar el tiempo que ocupe al de la UDI?

    El señor PEREZ (don Víctor).-

    Sí, señor Presidente.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Alejandro García-Huidobro, con cargo al tiempo de la UDI, a cuyo Comité le restan seis minutos y cuarenta y cinco segundos.

    El señor GARCIA-HUIDOBRO (don Alejandro).-

    Señor Presidente, hablo en nombre mío y en el de mi partido, la Unión de Centro Centro.

    Lamentablemente, hemos escuchado soluciones que no existen. El señor Ministro ha planteado que el problema de los profesores se resolverá con una nueva legislación.

    No entiendo que la ley que existe no se cumpla y tengamos profesores en huelga, como en el caso de Aisén. Hay un reclamo generalizado de los profesores y la respuesta del señor Ministro y de sectores de la Cámara, es que todo se solucionará con una nueva legislación. Falta voluntad política para resolver los problemas de los profesores.

    La gente está aburrida de este tipo de explicaciones. Lo que necesitan los profesores es respeto. Tienen que recurrir a movimientos sociales, a movimientos gremiales para que se tomen en cuenta sus planteamientos.

    Este Parlamento tiene que ser muy distinto del anterior. Distinguidos colegas culpan al Gobierno, no al pasado o al antepasado por los problemas de los profesores. Chile no está en este ánimo. Es lamentable que se les dé esa disculpa a los maestros, a quienes tienen en sus manos la responsabilidad del futuro del país, que son nuestros hijos, los hijos de todos los chilenos y los nietos de muchos señores Diputados.

    Considero importante despolitizar este tema. Los problemas son comunes para todo el país. Por lo tanto, quiero manifestar que la ley N° 19.278, que concede beneficios a los profesionales de la Educación regidos por la ley N° 19.070, establece dos tipos de beneficios: un incentivo de carácter económico que se denomina unidad de mejoramiento profesional, UMP, que consiste en un bono de monto fijo mensual por profesor, equivalente a 12.585 pesos, con un máximo establecido de 30 horas, según lo previsto en sus artículos 1° y 2°; y otro beneficio llamado unidad de mejoramiento profesional complementaria, que corresponde a un monto estableado en una escala, en relación con los bienios dé cada profesor.

    El beneficio dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.278, la UMP, se financia con una subvención adicional de 0,1789 USE, unidad de subvención educacional, sujeta a la normativa que regula la unidad de subvención educacional normal, incluyendo la asistencia de los educandos, etcétera, lo que significa que el modo de financiamiento es defectuoso, puesto que en los meses de baja asistencia el valor no alcanza para pagar el monto correspondiente a la totalidad de los profesores. Aquí es donde corresponde preguntamos, ¿qué pasa cuando se producen epidemias o pestes, muy comunes en los niños, y el profesor igual tiene que trabajar?

    Debido a lo dicho, propongo que el financiamiento sea un monto fijo por hora, con un tope de 30 horas; lo que puede ser controlado por el Ministerio mediante la planta docente aprobada por la respectiva dirección provincial.

    Además, sugiero que el segundo beneficio, la unidad de mejoramiento profesional complementaria, se financie con un monto fijo mensual determinado por el Ministerio en base a la nómina de profesores y bienios de cada uno de ellos, solicitada por el propio Ministerio.

    He dicho.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el señor Ministro.

    El señor SCHIEFELBEEN (Ministro de Educación).-

    Señor Presidente, me gustarla que el Subsecretario respondiera de manera precisa al señor Diputado, para evitar comentarios que vayan más allá de las cifras.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Se requiere la unanimidad de la Sala para que el Subsecretario pueda hacer uso de la palabra.

    Varios señores DIPUTADOS.-

    No hay inconveniente

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra el señor Subsecretario, con la venia de la Sala.

    El señor UNDURRAGA (Subsecretario de Educación).-

    Señor Presidente, por su intermedio, agradezco a la Sala que me permita hablar.

    Solo quiero referirme a dos puntos de los que se han comentado. Uno se refiere a la voluntad política del Gobierno para resolver el problema; el otro, al incumplimiento de la legislación por parte del Gobierno.

    Las palabras del señor Diputado que me antecedió ahorran bastantes comentarios sobre el punto, ya que el problema de la UMP se genera, precisamente, porque los dineros que el Gobierno dispone para, las municipalidades están sujetos al sistema del financiamiento general, es decir, al mismo tratamiento de la USE ordinaria, o sea, en concreto, la matrícula de alumnos que haya en determinado momento en cada establecimiento.

    Entonces, ¿qué pasa? Probablemente, cuando se redactó la ley se trabajó con cifras macro, es decir, con promedios. Esto hace posible que en la estimación de los ingresos y de los costos reales exista una discrepancia entre los 12.000 y tantos pesos que se daba a cada profesor y el monto que se calculó para financiarlo a través de la USE. Es el punto preciso que genera el llamado déficit de las municipalidades, al cual el Ministro se refirió expresamente. -

    Dicho déficit se debe fundamentalmente a una mala relación entre el número de profesores y de alumnos. Hemos calculado que un municipio con una media de 22 a 23 alumnos por profesor financia sin ninguna dificultad la UMP. En cambio, las comunas que están bajo esa cifra generan un pequeño déficit.

    Hemos entregado, como Gobierno, todo el dinero que la ley exige que se dé para este financiamiento. Por lo tanto, no podemos aceptar que se nos diga que no la hemos cumplido.

    En cuanto a la voluntad política para resolver el problema, hemos anunciado responsablemente que el lunes estará en la Cámara el proyecto de ley que, a través de los mecanismos que explicó el Ministro, resolverá buena parte del déficit a que se ha hecho referencia.

    Lo complejo en esta materia es precisamente la forma en que se calcula la asignación de zona. Hay casi una interpretación por comuna sobre cómo debe pagarse, lo que nos lleva a la conclusión fehaciente de que es necesario legislar para aclarar el tema: Me explico, hay comunas que están pagando la asignación de zona desde 1991; otras que la pagan sólo a partir de 1994; las que consideran el adicional como descuento de la asignación de zona y las que no lo estiman de ese modo, y así sucesivamente.

    Al igual que en el otro caso, quiero decir responsablemente que hemos asumido, como Gobierno, el ciento por ciento de la asignación de zona que la ley nos obliga a girar a todas las municipalidades. Voy a dar un solo ejemplo muy ilustrativo: el caso de Coihaique, tan destacado en estos momentos en la prensa y también presente en el público.

    A la municipalidad de Coihaique se le está otorgando, en 1994, una subvención de1108.483.792 pesos y una asignación de zona de 49.495.048 pesos. Sin embargo, en estos momentos, de los 49 millones, la municipalidad paga a los profesores 37 millones 137 mil y tantos pesos. Esto podríamos repetirlo casi comuna por comuna. ¿Qué pasa? ¿Loé alcaldes se roban la plata o algo así? ¡Por supuesto que no! Ocurre que en la asignación de zona, primero hay que financiar no sólo lo que va al sueldo como tal, sino también todos los gastos de administración, de implementación, etcétera. En segundo lugar, dado que no fue obligatorio que los alcaldes pagaran desde 1991, como se estipuló en la ley, sino a partir del 1° de enero de este año, muchos adquirieron responsabilidades financieras con estos fondos, y hoy dicen, con razón, que no les alcanzan para pagar el dentó por ciento de lo que se estipula para la zona. Pero no es porque el Gobierno no haya asumido su responsabilidad.

    Por lo menos, creo que han quedado en dado estos dos puntos.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica, por dos minutos, en el tiempo del Comité de Renovación Nacional.

    El señor PROKURICA.-

    Señor Presidente, lamento que se estén dando excusas a los profesores por un tema que no admite discusión. Se trata de beneficios estableados por ley y que no se están cumpliendo en el caso del complemento de zona y de la unidad de mejoramiento profesional. Las excusas no les sirven a los profesores, porque no se está cumpliendo don ellos. La razón, sea cual sea, no importa.

    En esta oportunidad voy a plantear un tema distinto, pero que también afecta al profesorado del país, y que tiene relación con aquellos profesores que, acogiéndose a jubilación, se han encontrado con la desagradable sorpresa de que los municipios no disponen de los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones que legalmente les corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en' el artículo 2° transitorio de la ley N° 19.070. Y nuevamente se genera el mismo problema que estamos tratando en esta sesión; que por ser los municipios los empleadores de los profesores, deben asumir responsabilidades que la ley les asigna sin que el Estado les entregue el respaldo financiero correspondiente.

    Señor Ministro, ¿por qué los profesores, muchos de ellos muy modestos, tienen que verse enfrentados a problemas que son absolutamente ajenos a su responsabilidad? ¿No es posible generar un fondo de recursos para solventar esta área de la educación? En general, es indispensable aclarar éste y otros temas, porque por problemas de desfinanciamiento se está criticando y cuestionando el sistema educacional municipal .traspasado, cuando en la práctica cualquier sistema no funcionaría, o haría crisis, sin el respectivo financiamiento.

    De la misma forma -y es lógico que así sea- muchos maestros se preguntan cómo es posible que a esta materia tan trascendente, como es la educación, se le limiten los recursos. Sin embargo -y traigo a colación el ejemplo a que se refirió el Diputado señor Valenzuela sobre el caso Codelco-, el Estado, a sólo unos días de lo ocurrido; le traspasó 145 millones de dólares para tapar las deudas contraídas por la empresa por un supuesto error de algunos funcionarios.

    Al respecto, quisiera pedir que nos explicara cuál sería la solución de este problema y si se ha adoptado alguna medida tendiente para resolverlo de tal forma que cuando los profesores jubilen no tengan que esperar meses y meses antes de recibir los recursos que por ley les corresponde.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Su Señoría ocupó dos minutos 43 segundos, lo que afectará indudablemente el tiempo de sus colegas.

    Tiene la palabra el Diputado señor Bayo, por dos minutos, de acuerdo con la propia petición del Comité de Renovación Nacional.

    El señor BAYO.-

    Señor Presidente, trataré de enmarcarme en los dos minutos, pero no puedo dejar de lamentar la ausencia de los distinguidos señores Ministros de Hacienda y del Interior, quienes habrían escuchado estos planteamientos; especial-mente del primero de ellos, para que tomara debida nota de lo que dijo el Diputado señor Valenzuela respecto de la intervención del ex Ministro Foxley en la Comisión Especial investigadora de Codelco.

    Me da la sensación que volveremos a salir con un sabor algo salobre, toda vez que el país seguirá con inseguridad y con una imagen muy poco clara de la situación que estamos analizando. Esta sesión fue solicitada para que todos los profesores de Chile supieran la verdad sobre su situación específica.

    Al profesor le corresponde dar cumplimiento a su función primordial- la pedagogía. Además recibir las remuneraciones que también por ley se le ha otorgado. Si no recibe estas remuneraciones por folla de la estructura administrativa local o por deficiencia del nivel central, no es un problema que debe resolver el mismo profesor.

    No voy a insistir en él famoso tema de la retroactividad en el pago del complemento de zona. Comparto plenamente lo expresado, en el sentido de que el legislador fue dado en el inciso sexto del artículo 5° transitorio. El espíritu del legislador -presente en la Sala, el Diputado señor Valenzuela- es que el beneficio se debe pagar con efecto retroactivo.

    Si bien la Contraloría General de la República emitió, a petición mía, en agosto de 1993, un pronunciamiento que no se compadece con este criterio, no es menos cierto que los tribunales de justicia han resuelto las presentaciones planteadas en favor de los profesores. Este es un mensaje para que sepan los docentes que aún pueden emplear este mecanismo. Sé han dicho cosas relacionadas con las responsabilidades. La situación actual no puede persistir. El Ministerio es responsable de la administración del fondo de recursos complementarios -artículo 13 transitorio-, creado exclusivamente para solucionar el mayor gasto fiscal producto de la ley N° 19.070. La administración del fondo de recursos complementarios es de responsabilidad absoluta del Ministerio y no puede soslayarla.

    Deseamos lograr en la Cámara una respuesta precisa. Con mucho respeto le decimos al señor Ministro que a los profesores no les interesa tanto tener uno, dos o tres proyectos de ley nuevos. Lo que les interesa es el cumplimiento de las leyes ya existentes.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    En el tumo correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por dos minutos veinticinco segundos, el Diputado señor Ulloa.

    El señor ULLOA.-

    Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalarle al señor Subsecretario que está en un profundo error. Hay falta de voluntad política, fundamentalmente, pues el Gobierno sabe desde hace mucho tiempo que la asignación o complemento de zona se está imputando, en el caso de los profesores antiguos, a la remuneración adicional, no así en el de los profesores jóvenes. De manera que no puede decir que ese hecho se ignoraba.

    En segundo lugar, efectivamente la asignación se comenzó a otorgar por los municipios en distintas épocas. Pero hay algo que también se debe saber, y nosotros, las autoridades, debemos comprenderlo mejor que nadie. Es el concepto que se aplica en derecho, en términos de que existen los derechos adquiridos. Es decir, si un municipio comenzó a pagar la asignación, el hecho no puede ser desconocido. Estas son materias que demuestran con claridad que sus afirmaciones, en definitiva, no son tan ajustadas como Su Señoría pretende.

    Señor Presidente, por su intermedio, le concedo el tiempo que me resta al Diputado señor José García.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor José García, durante un minuto y diecisiete segundos.

    El señor GARCIA (don José).-

    Señor Presidente, voy a dar lectura al artículo 10 de la ley N° 19.278, para demostrar en qué forma el señor Subsecretario está señalando una materia completamente equivoca,- da. Cito textual: "Para los efectos de la aplicación de esta ley -se refiere a la unidad de mejoramiento profesional- y hasta el mes de febrero de 1996, se pagará una subvención adicional a todos los establecimientos Educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Educación, de 1993. El valor unitario mensual por alumno, por cada nivel y modalidad de enseñanza, se fijará en unidades de subvención Educacional mediante un decreto conjunto de los Ministerios de Educador y de Hacienda."

    En consecuencia, señor Subsecretario, ustedes cuentan con la herramienta legal para poner a disposición de los municipios el monto necesario para que se pague en su integridad la unidad de mejoramiento profesional, cosa que no tiene nada que ver con la matrícula, como usted lo ha señalado en la Sala.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Advierto al Comité de Renovación Nacional que dispone de un total de 5 minutos 57 segundos y tiene tres diputados inscritos.

    Tiene la palabra el Diputado Señor Galilea, por dos minutos, de acuerdo a lo solicitado por su Comité.

    El señor GALILEA.-

    Señor Presidente, para posibilitar que mis colegas hagan uso de la palabra sobre esta materia, voy a insertar mi discurso. Sin perjuicio de ello, quiero señalar que solicitamos convocar a esta sesión no para pedir nuevos beneficios ni nuevas reivindicaciones para los profesores, sin simplemente para requerir que se cumpla, con la ley y con el Estatuto Docente.

    Si no existen los recursos para dar cumplimiento a la norma legal, entonces que se diga claramente que lo que aprobamos en el Parlamento porque el Gobierno en su oportunidad envió un proyecto- no tiene financiamiento. Considero que esto es mucho más franco, y así no damos tanta Vuelta al asunto, porque en definitiva rio hemos logrado resolver absolutamente nada.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

    El señor VALCARCE.-

    Señor Presidente, cuando estudiamos el otorgamiento de la asignación de zona estaban en las tribunas dirigentes de los profesores, pero no vi a don Osvaldo Verdugo. Sin embargó, presentamos una indicación con el Diputado señor Valenzuela, la cual fue firmada además por otros Diputados, en la que poníamos énfasis en que la asignación de zona debía estar estipulada en porcentaje y no sobre la base de la subvención, como lo dispone el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1989.

    Como resultado de la norma aprobada, hoy las municipalidades no tienen fondos para pagar la asignación de zona, en circunstancias de que el artículo 5° señala claramente que la aplicación de los dos incisos precedentes en ningún caso significarán mayor gasto para el sostenedor. Es decir, se está manifestando que la asignación de zona no representa gasto para ninguna municipalidad en forma extraordinaria.

    Acá hay un problema. Cuando en esa misma oportunidad votamos el artículo 1° transitorio que permitía jubilar a los profesores, dijimos que era malo. Se modificó a través de otra ley, la N° 19.185. También fue mala. Se modificó luego por la N° 19.200, que también ha sido mala, por lo cual todavía no hay fondos para pagar a los profesores jubilados. Por lo tanto, cuando ahora se anuncia el envío de una nueva ley para pagar la asignación de zona y el resto de las asignaciones, estamos jugando con el profesorado, al cual antes se le pagaba menos, según el Diputado señor Villouta, quien habla del producto geográfico bruto. Lo que él no dice es que ese producto aumentó casi en un 200 por ciento de lo que era antes; por lo tanto, el monto es superior aún en ese caso.

    Lo que se necesita no es voluntad política, sino que las autoridades, en este caso el Ministro de Hacienda, se meta las manos a los bolsillos y le pague a los profesores. Así de sencillo. Olvidémonos de tantas leyes y de tantas modificaciones, porque eso no nos va a conducir a riada. Cada vez, que hablamos de los profesores nos llenamos la boca en este mismo hemiciclo, pero cuando se trata de darle más recursos a la educación, simplemente nos quedamos callados.

    Debo destacar, como decía mi colega con anterioridad, que cuando se trata de cosas grandes, como es Codelco, la plata sobra. Ahora, si se trata de los docentes, entonces que anden con los zapatos rotos "porque total son profesores".

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    E1 Diputado señor Alvarez-Salamanca, ha solicitado insertar su discurso.

    Tiene la palabra él Diputado señor Viera-Gallo, cuyo Comité dispone de dos minutos y medio, aproximadamente.

    El señor VIERA-GALLO.-

    Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer una consulta al señor Ministro. Cuando nosotros votamos la modificación a la ley que estableció la UMP -por lo menos, recuerdo haberlo consultado-, yo entendí que se establecía una suma fija de 12 mil y tantos pesos para todos los profesores, en forma pareja, como piso mínimo. Después hemos sabido que lo que se fijó es un mecanismo de cálculo, según la USE, y que depende de la asistencia de los alumnos. En algunos distritos donde ha habido paros, como en el caso de Concepción, esto ha provocado un problema todavía mayor.

    Deseo saber si el Gobierno estaría dispuesto a transformar la UMP en una suma determinada mínima, independiente riel número de alumnos. No se trata de cambiar el sistema de la USE, que sería algo de gran envergadura, pero la unidad de mejoramiento del profesorado se creó para terminar con un conflicto gremial, y siempre se consideró así. Por lo menos, yo entendí que se trataba de una suma determinada, diferente de la forma de calcular la USE.

    Si ése era el espíritu del acuerdo con el Colegio de Profesores, como el Gobierno va enviar un proyecto de ley dentro de poco, sería muy fácil volver a esa norma y terminar con cualquiera controversia de interpretación de la ley.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el señor Ministro.

    El señor SCHIEFELBEIN (Ministro de Educación).-

    Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios:

    El Estatuto Docente prohibió explícitamente pagar zona con cargo al Fondo de recursos Complementarios, de modo que sería imposible para el Ministerio ocuparlo, ya que debemos acatar la ley.

    Respecto de la observación hecha por el último señor Diputado que usó de la palabra, es importante distinguir entre la solución de problemas puntuales y la creación de un mecanismo que permita a Chile tener un mejor sistema educacional. No es conveniente desvirtuar un sistema que en general funciona, para pagar una parte relativamente pequeña. En el proyecto de ley que enviaremos el próximo lunes presentamos una proposición de incremento suficiente para resolver en definitiva estos problemas, sin entrar a cálculos detallados de un mínimo dentro del total. De modo que les ruego que esperen el proyecto para solucionar los aspectos a que me he referido.

    Gracias.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

    El Comité de Renovación Nacional dispone de 2 minutos y 11 segundos.

    El señor BAYO.-

    Señor Presidente, sólo quiero hacer tina petición muy concreta, que nos permita llevar tranquilidad y claridad a los profesores de nuestros respectivos distritos.

    Se han aseverado muchas cosas, algunas responsabilizando a los municipios y otras al Ministerio.

    Señor Presidente, por su intermedio quiero consultar al señor Ministro si es posible que cada uno de los parlamentarios presentes pueda contar con un informe concreto, acabado, sobre la situación de cada comuna del país, porque si a mí, por ejemplo, se me dice que la comuna de Angol -según información de hoy- tiene un déficit de 24 millones de pesos en los últimos tres meses y que lo recibido por concepto de pago de la unidad de mejoramiento profesional ha disminuido en más de 3 millones de pesos, por supuesto tengo que creerle a' su alcalde. Por eso, solicito al Señor Ministro la posibilidad de contar con un informe, comuna por comuna, acerca del cumplimiento de las disposiciones, no sólo del Estatuto Docente, sino también de las que crearon la unidad de perfeccionamiento del magisterio, con el objeto de llevar claridad y tranquilidad a nuestras bases.

    He dicho.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el señor Ministro.

    El señor SCHIEFELBEIN (Ministro de Educación).-

    Señor Presidente, no tenemos ningún inconveniente en acceder a la solicitud del señor Diputado.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra el Diputado señor Jara. Dispone de 6 minutos y 15 segundos.

    El señor JARA.-

    Señor Presidente, comparto todas las apreciaciones formuladas en el sentido de que este problema es de la mayor trascendencia y, a la vez complejidad, según se desprende de los antecedentes que hemos recogido. Pero debemos aplicar el sentido común.

    En relación con la asignación de zona, hay un problema de interpretación, pues existen, diversas tesis: del Colegio de Profesores, de las municipalidades, del Gobierno y de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, se trata de un punto que debe clarificarse, y si es necesario dictar una ley o una norma interpretativa, tendrá que hacerse, pero la situación no puede seguir prolongándose en el tiempo.

    Respecto de la unidad de mejoramiento profesional, tal como lo señaló el Diputado señor Viera-Gallo, hay un problema estructural, técnico. De acuerdo con el protocolo firmado por el Gobierno con el Colegio de Profesores, nosotros aprobamos un monto fijo, pero, según lo ha explicado el Ministro, los aportes del Estado para pagar dicha subvención se entregan en función de un monto variable, referido al promedio de asistencia anual. Entonces, se produce una diferencia.

    Según el Gobierno, los montos entregados a las municipalidades, serían suficientes, e incluso superiores, a los que éstas deberían pagar por dicha unidad, porque estarían fijados en función de un promedio medioalto. Según las municipalidades, no es así, pero también se trata de un asunto que debe resolverse.

    Tal vez -comparto la inquietud del Diputado señor Viera-Gallo-, habría que volver al sistema de establecer el beneficio en un monto fijo, con el objeto de evitar estos problemas.

    De lo señalado en esta sesión se desprende que también hay dificultades de administración, de información que no llega oportunamente al Ministerio de parte de las municipalidades, y de burocracia estatal, porque pareciera que hay atrasos en los valores que entrega el Ministerio de Hacienda, situación que tampoco resulta adecuada.

    Entonces, debemos solucionar todos estos problemas porque perjudican a los profesores, que son víctimas de un sistema complejo en que hay responsabilidades variadas. Las autoridades de Gobierno y los parlamentarios debemos esforzamos por resolver este tipo de obstáculos, que aparentemente son complejos, pero con la voluntad y la disposición de todos, tienen solución.

    Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Ortiz.

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

    El señor ORTIZ.-

    Agradezco la interrupción al Diputado señor Jara.

    Señor Presidente, el espíritu que nos embarga a todos es clarificar los dos temas que nos preocupan. Mi colega de distrito, Diputado señor Viera-Gallo, planteó la justa inquietud de lo que significa la bonificación mensual en relación con la unidad de mejoramiento profesional.

    Al respecto, durante cuatro años he sido miembro de la Comisión de Educación -continúo como tal- y del análisis de algunas situaciones me doy cuenta de que lo afirmado por el Diputado señor Jara tiene bastante validez en lo que respecta a una ley interpretativa, pues existen diferentes interpretaciones.

    El artículo, 7° de la ley N° 19.278 señala claramente lo siguiente: "Concédese a contar del 1° de diciembre de 1993, a los profesionales de la educación a que se refiere el artículo 53 de la ley N° 19.070, una bonificación mensual cuyo monto será equivalente a 419,50 pesos por cada hora semanal pactada en sus contratos, con un máximo de 12.585 pesos mensuales." Vale decir, el tope es de 12.585 pesos y va bajando en forma gradual si el profesor tiene menos horas semanales de servicio.

    Solicité la interrupción para clarificar el punto, porque existe la idea de que la suma de 12.585 pesos es pareja para los 123 mil profesores del sistema educacional.

    He dicho.

    Los discursos que se acordó insertar son los siguientes:

    El señor ACUÑA.-

    Señor Presidente, estimados colegas, me he querido referir en esta ocasión al problema del pago de la asignación por zona a los profesores.

    Actualmente la ley N° 19.070, conocida como Estatuto Docente, establece que en las localidades donde la subvención educacional se incremente por concepto de zona, la remuneración básica mínima nacional será complementada con una cantidad adicional que se pagará con cargo a dicho incremento.

    Asimismo, se dispone que los sostenedores deberían ajustar las remuneraciones al 31 de diciembre de 1993.

    Esto ha generado numerosas dificultades, fundamentalmente con el monto de la subvención que corresponde a cada comuna, ya que la subvención que recibían los municipios con derecho a la asignación de zona incorporaba el incremento, no correspondiendo entonces adicionar otro monto por ese mismo concepto.

    De esta manera, a partir de la vigencia del Estatuto Docente gran cantidad de municipios no han ayustado las remuneraciones de sus docentes a la modalidad de pago que fijó esa normativa.

    También se produjo un problema de interpretación por la fecha en que se debería otorgar el beneficio de asignación por zona, creyéndose que debería comenzar a partir de la misma vigencia del Estatuto Docente, esto es el 1° de julio de 1991.

    Además, la unidad de mejoramiento profesional es un beneficio económico que corresponde a un bono fijo mensual que se entrega atendiendo a los años de servidos acumulados, la que, de acuerdo con la ley N° 19.278, debería pagarse hasta febrero de 1996.

    Sin embargo, señor Presidente, la aplicación de esta disposición ha generado problemas derivados de la determinación del monto de los recursos que corresponden a cada municipio y, en muchos casos, incluso ha provocado la no cancelación de este beneficio a los docentes.

    Cabe destacar la importancia del tema, ya que afecta a gran cantidad de profesionales que se desempeñan en la Educación en nuestro país, especialmente en el distrito al cual yo represento, donde actualmente alrededor de 800 profesores se desempeñan regularmente, los cuales hasta el día de hoy no han recibido el beneficio que por ley les corresponde.

    Me preocupan especialmente los 193 profesores de Villarrica, los 80 profesores de Pucón, los 114 profesores de Cuneo, los 84 profesores de Toltén, los 51 profesores de Curarrehue, los 165 profesores de Loncoche, y los 113 profesores de Gorbea.

    Por los motivos antes mencionados, es de urgente necesidad dar pronta respuesta a los profesores, y especialmente buscar una solución uniforme que permita el desarrollo de sus labores en forma tranquila.

    Además, se hace urgente elaborar políticas de comunicación que permitan que los docentes manejen la información correctamente; esto es, que el ministerio informe en forma continua y convenientemente, para que así nuestros profesores tengan el trato digno que les corresponde.

    Por último, señor Presidente, deseo agregar que el Estatuto Docente es un esfuerzo por la dignificación de la labor docente y, como toda obra del hombre es perfectible, le corresponde a los que estamos en esta Sala preocupamos de ello.

    He dicho.

    El señor GUTIERREZ.-

    Señor Presidente, no hay duda que nuestro país tiene una gran tradición en materia educacional. Tanto él Estado como la sociedad misma le han asignado desde siempre un gran valor a la escuela y a la educación de los niños y jóvenes. La Constitución Política consagra esta voluntad social como un derecho que tienen todas las personas y asigna la responsabilidad de cumplir con este derecho al Estado. Así lo establece el N° 10 del artículo 19 de la Constitución.

    Por eso, nuestro país puede exhibir importantes logros educacionales a lo largo de su historia. La formación de un sistema tan amplio que a estas alturas no deja niños fuera de él. A lo anterior se agrega un programa de apoyo en becas, desayunos, almuerzos y útiles escolares que realmente constituyen un valioso aporte para que los niños puedan-concurrir a la escuela.

    Chile es hoy día un país que puede exhibir muy satisfactorias tasas de alfabetismo. Según el censo de 1992, considerando la población de 10 años y más (10.650.000 personas), hay un total de

    575.0analfabetos, lo que significa un porcentaje de un 94 por ciento de alfabetismo. Este es un gran logro, en el que han participado muchos actores relevantes en el campo educacional El resultado de todo esto, señor Presidente, es una sociedad con interés por educarse, con alto nivel de escolaridad y muy homogénea culturalmente, capacitada para enfrentar los desafíos del mundo de hoy.

    Pero este gran resultado, que a todos nos enorgullece, más que la obra de un gobierno es el trabajo abnegado, silencioso e incomprendido de una gran legión de maestros. Quizás una de las características más importantes de nuestro país es haber contado y contar con un amplio número de profesores que han hecho posible estos avances.

    Sin embargo, debemos ser justos, en el sentido de que muy frecuentemente no se les ha dado lo que en justicia merecen.

    El año pasado realizaron un movimiento gremial pidiendo un sueldo base de

    150.0pesos. Debemos reconocer nuevamente que es algo justo y que sólo las dificultades o limitaciones de los fondos del Estado impiden satisfacer esa aspiración. No obstante, lograron otras conquistas, como una unidad de mejoramiento profesional UMP y un monto complementario de 6.015 pesos. Sin embargo éstas, que podríamos llamar "conquistas" de los profesores, a pesar que no hacen otra cosa que valorar en justicia un servido, no han llegado aún a los profesores, están produciendo inquietud y desánimo y han venido a desequilibrar aún más el ya comprometido presupuesto municipal.

    En el caso de la comuna de Talca, que represento en esta Honorable Cámara, la cancelación de la unidad de mejoramiento profesional le ha representado un mayor gasto total por los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, de 16.676.679 pesos, ya que recibe del Ministerio para este efecto 51.847.241 pesos y gasta en este bono 68523.930 pesos.

    Durante 1993, la Municipalidad de Talca tuvo un déficit de 529.253.000 pesos anuales (si a esto se agrega salud, se llega a mil millones de pesos) lo cual impide, obviamente, que la I. Municipalidad pueda cumplir con su propósito de realizar obras en la comuna.

    Para cubrir este déficit, la municipalidad aporta 476.795.000 pesos y el Ministerio de Educación 52.458.000 pesos. La causal de este déficit es la que se ha señalado aquí.-

    a) El déficit histórico de 25.000.000 de pesos mensuales hasta la aplicación del Estatuto Docente, fue motivado por el cambio de pago de las subvenciones de educación gratuita, cuyo cálculo se efectuaba en base a UTM por alumno a la USE, y en 18.919 pesos a la USE, que tiene un valor de 6.744,70 pesos.

    b) Este déficit se vio incrementado por la aplicación del Estatuto Docente, de 167; 759.503 pesos a 201.739.541 pesos. Hay un mayor gasto por la aplicación del Estatuto Docente de 33.980.038 pesos. Para el año 1994, se proyecta un déficit de

    578.039.0pesos en forma anual.

    Tal como se ha señalado, creemos que es oportuno abordar el problema de las remuneraciones de una manera integral. Creo que sería conveniente fijarse un plan con tal propósito. Está claro que en tanto no haya un profesorado que se encuentre remunerado en forma justa, no va a haber tranquilidad en la educación de nuestro país. Por otro lado, es igualmente urgente resolver el problema de las municipalidades, ya que la comunidad está reclamando que se realicen las inversiones en las obras que la comuna necesita. Pero, en definitiva, pienso que ha llegado la hora de preocuparse de los profesores. Nada sacamos con hacer leyes que no tienen financiamiento; nada sacamos con arreglar escuelas si el actor principal del acto educativo está deteriorado en su integridad, como persona. Por ello, creo que todos aportaremos para solicitar qué el Ejecutivo destine los recursos para pagar a los profesores lo que se les adeuda.

    He dicho.

    El señor HERNANDEZ.-

    Señor Presidente, Honorables colegas Diputados: Para quienes tenemos responsabilidades en esta instancia de la República, habría sido tremendamente satisfactorio que la Asociación Chilena de Municipalidades hubiera estado presente en este momento, pues al ser los municipios del país los que deben encarar la situación, más bien la problemática, de este servicio traspasado, se transforman por ese solo hecho en parte interesada para abordar con conocimiento cabal él tema que hoy nos preocupa. Es, pues, necesario tener presente que la voz de los municipios de ayer y de hoy debería sentirse con fuerza en esta Sala.

    Pero antes deseo hacer una reflexión. Se dice que nuestro país aspira a ser un país desarrollado en el corto plazo. Y yo me pregunto: ¿cómo pretendemos tener un país desarrollado con el porcentaje que en el Presupuesto Nacional se le asigna a la educación como globalidad? Parece una ironía, pero no lo es, cuando nos detenemos a pensar lo que está ocurriendo en Educación, en donde se han creado sutilezas y se ha implantado un criterio tecnocrático para resolver sólo a medias un desafío que debería ser fruto de un gran acuerdo nacional. Porque ya está bueno que dejemos todos de mirar el tema educacional como un gasto, o sea, lo que viene después de la inversión. Lo demostró el Premio Nobel de Economía, Gary Becker, con sus trabajos acerca del "capitel humano", al plantear que el cerebro de los niños es la principal reserva económica de la humanidad. Por ello, es bueno retomar o incorporar esas visiones en discusiones como éstas para despojamos de la visión "inmediatista" que, muchas veces, prima al tomar decisiones que afectan el futuro de nuestra sociedad, de lo que a veces no nos damos cuenta.

    Siendo más específico, nos parece urgente detenemos al menos en algún punto de esta problemática. Inicialmente mencioné, sólo a modo de ejemplo, la situación de los municipios, que son precisamente las instancias que asumen hoy el grave problema.

    El problema del desfinanciamiento de los sistemas de educación municipalizados surge básicamente por la incongruencia que plantea el hecho de recibir un financiamiento por la vía de la USE (unidad de subvención escolar), que es primordialmente una variable que se ve alterada continuamente por diversas razones: no siempre es posible mantener la misma cantidad de alumnos sentados. Eso como ejemplo. Pero, ¿qué sucede cuando las municipalidades tienen que enfrentar gastos fijos?, pues siempre es la misma infraestructura la que hay que mantener, pero, por sobre todo, los municipios se ven presionados por las legítimas reivindicaciones de los profesores que se mantienen en un número inalterado.

    Y esto es sólo una parte de la explicación. Los déficit en los sistemas educacionales municipalizados tienden a ser acumulativos, toda vez que los plazos y fórmulas indicadas en el Estatuto Docente, al ir cumpliéndose van poniendo a los municipios en la situación de cumplir, a la vez, compromisos establecidos por ley. Las consecuencias que de ello derivan, significan que en la práctica los traspasos sucesivos de recursos les coartan a las corporaciones edilicias la posibilidad de destinar recursos a otro tipo de programas sociales o proyectos de inversión municipal.'

    Por todo lo anterior y por muchas otras razones, resulta urgente, apremiante, encarar con realismo y sensibilidad este desafío, para sacar de una situación asfixiante tanto a los municipios como también, con un alto sentido de justicia y equidad, de-, volver a los maestros, al menos en parte, una dimensión importante de su dignidad menoscabada por un salario apenas de subsistencia.

    He dicho.

    El señor GALILEA.-

    Señor Presidente, el tema a que se ha convocado a esta Honorable Cámara es verdaderamente relevante, pues impacta nuevamente en las comunas del país, no sólo en lo relativo a los profesores y a los derechos que por ley le corresponde, sino a la ciudadanía de las comunas, en general.

    En primer término, en muchas comunas del país existe confusión, por no decir falta de información o poca transparencia, respecto de si efectivamente los ministerios están entregando a los municipios los re-cursos que permitan financiar el mayor gasto originado por la aplicación del Estatuto Docente y, entre otros, la asignación de zona.

    En segundo lugar, el déficit del sistema educacional que exhibe gran cantidad de municipios provoca, entre otros efectos, que los dineros para pagar estas asignaciones, se utilizan, en definitiva, para pagar sueldos, quedando, por tanto, impagos los beneficios. También hay falta de transparencia en la información que entregan los municipios a los profesores, a quienes se les señala que no están llegando los recursos desde el nivel central, para dar cumplimiento con la ley.

    Los ministerios culpan a los municipios y éstos a los ministerios y, en definitiva, los perjudicados son los profesores. Creo indispensable que en esta sesión quede por lo menos meridianamente claro este aspecto. '

    En la comuna de Victoria, de mi distrito, la información que poseo es que los recursos para la asignación de zona llegan al municipio, pero ellos se utilizan para pagar sueldos, pues la subvención es insuficiente. Esta es la razón de fondo del problema que debatimos. Tal es el déficit del sistema en la mencionada comuna, que tengo información de que incluso los recursos destinados a pagar las imposiciones y la salud del profesorado, a pesar de ser descontados los respectivos porcentajes de sus planillas, se declaran pero no se pagan. No necesito indicar la gravedad de este hecho y los perjuicios que puede producir a los profesores; basta mencionar el perjuicio, económico que se les provoca al no recibir de sus AFP los reajustes a que tienen derecho.

    ¿En cuántos municipios ocurre esto?

    ¿Qué medidas está tomando el ministerio en relación a este problema? ¿En qué situación se encuentra el pago de otras asignaciones contempladas en el Estatuto Docente?

    Estas y otras interrogantes deben ser aclaradas y abordado el tema de los déficit antes que la situación no tenga solución.

    Los profesores de mi zona ven sólo una salida: cambiar el criterio del otorgamiento de la subvención por "alumnos matriculados". Yo agrego uno más: controlar las extensiones horarias, pues muchos alcaldes se quejan de tener exceso de profesores, pero simultáneamente, quizás para pagar favores políticos, otorgan extensiones horarias ahondando aún más el déficit educacional.

    No parece necesario hacer presente el perjuicio que toda esta situación acarrea para la comunidad en general, que comprueba que es tanta la cantidad de recursos que el municipio debe desviar para financiar, a duras penas, la Educación, que resulta imposible invertirlos en obras de adelanto en beneficio de toda la comuna. Ni hablar, señor Presidente, de usar dineros en mejorar la infraestructura de escuelas e incluso en materiales necesarios para implementar la educación.

    El sistema se desenvuelve en una pobreza alarmante. No podemos pedir más sacrificios a los profesores, ni milagros a los municipios.

    Finalmente, se convocó a esta sesión para tratar el tema de la asignación de zona, contemplada, en el Estatuto Docente, no para pedir nuevos beneficios o reivindicaciones, sino para solicitar que se cumpla la ley. Se nos dice que faltan los recursos. Entonces, reclamamos que se les diga claramente a los profesores que se aprobó un Estatuto Docente sin finandamiento.

    Aquí sobran las explicaciones. Se necesitan respuestas.

    He dicho.

    El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-

    Señor Presidente, hemos solicitado esta sesión especial con el propósito de analizar el incumplimiento por parte de una gran mayoría de los municipios del país del pago del complemento de zona, y en algunas comunas el de la unidad de mejoramiento profesional, y esto porque se hace necesario resolver estos problemas que están provocando efectos perturbadores en el sistema Educacional chileno.

    El señor Ministro ha dicho que enviará una ley al Parlamento a fin de establecer un sistema de incentivos y con ello lograr una reasignación de los recursos de Educación por parte de los municipios. Yo pienso que ello es necesario, pero no es la urgencia del día de hoy. La urgencia de hoy es cancelar a los profesores el complemento de zona y la unidad de mejoramiento profesional, y para ello no se requiere de un proyecto de ley, sino de fondos para que los municipios procedan a pagar los beneficios económicos estableados en las leyes.

    Nadie puede desconocer, ni mañana podrá decir que no se le advirtió del grado creciente de inquietud y movilización gremial que está llevando a los profesores a tomar medidas que pueden perjudicar la normalidad del año escolar en busca de respuestas concretas, efectivas y oportunas para obtener el pronto pago de los beneficios económicos que legalmente les corresponden.

    Ni tampoco la gravedad que reviste el que por la vía de la omisión se esté transgrediendo disposiciones legales plenamente vigentes que afectan las remuneraciones de los profesores.

    En todo caso de los planteamientos del Ministro se desprende que, el Gobierno pretende estimular una reasignación de los recursos de Educación de las municipalidades, de manera de lograr el financiamiento adecuado del Sistema, Además dé una mejor atención a los niños en términos de 'tiempo y calidad, y también que los excedentes que pudieran alcanzarse con esta reasignación de recursos, se transformen en mejores remuneraciones para los maestros.

    El peligro que tiene esta decisión del Gobierno es que echa por tierra el estatuto docente y será causa de gran inquietud por parte de los profesores, pues el sistema de incentivos que permitirá reasignar recursos se refiere no sólo a recursos económicos sino que también a la reasignación de profesores.

    En definitiva deseo dejar establecido de que estamos en presencia de un conflicto en que cada día que pasa se agudiza, dado que el Ministro puede tener muy buenas intenciones, pero no entiende el problema desde el punto de vista del profesorado, y por ello los maestros tendrán que seguir esperando hasta que se les acabe la paciencia para obtener el pago de zona.

    He dicho.

    PROYECTOS DE ACUERDO

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Ha terminado el tiempo de discusión.

    Se procederá a leer y a votar los proyectos de acuerdo, en el mismo orden en que fueron presentados.

    El señor LOYOLA (Secretario).-

    De los Diputados señores Muñoz, Karelovic, Tohá, Encina, Pérez, don Aníbal; Ávila, Letelier, don Felipe; Acuña, Rocha, Elizalde, Ortiz, Makluf, Tuma y Gajardo, de la Diputada señora Saa y de las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia:

    "Considerando:

    "1.- Qué la ley N° 19.070, publicada el 1 de julio de 1991, que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación, en los artículos 3° y 5° transitorios, incisos sexto y séptimo, dispone: "La entrada en vigencia de esta ley no implicará la disminución de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que actualmente sean superiores a las que se fijen en conformidad al presente estatuto.

    "En las localidades donde la subvención estatal a la educación se incrementa por concepto de zona conforme a lo establecido en el artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 2 del Ministerio de Educación, de 1989, la remuneración básica mínima nacional se complementará con una cantidad adicional que se pagará con cargo a dicho incremento, y en su porcentaje equivalente al de este mismo.

    "Este complemento adicional no implicará aumento de la remuneración básica mínima nacional ni de ninguna asignación que perciban los profesionales de la educación".

    "2.- Que de la disposición legal precedentemente transcrita se infiere que a los profesionales de la educación que laboran en los establecimientos educacionales subvencionados con arreglo al decreto con fuerza de ley N° 2 del Ministerio de Educación de 1989, les asiste el derecho a percibir una asignación de zona en el evento de qué presten servicios en alguna de la localidades en que la subvención estatal a la educación se incremente por concepto de zona, de acuerdo con el artículo 10 del citado decreto con fuerza de ley N° 2.

    "3.- Que de acuerdo con dictámenes de la Contraloría General de la República N°s 12.238-92 y 18.979-93, y dictámenes de la Dirección Nacional del Trabajo N°s 5691-263 y 1537-99, corresponde el pago del beneficio aludido en esta presentación.

    "4.- Que en la mayoría de las comunas del país se ha dado cumplimiento al pago del beneficio en comento.

    "5.- Que en algunas comunas del país, bajo interpretaciones equívocas, no se ha cancelado el beneficio anteriormente señalado.

    "Por tanto, los Diputados y Diputadas abajo firmantes vienen en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:

    "La Cámara de Diputados acuerda oficiar a los señores Ministros de Hacienda y de Educación, a fin de solicitarles, en lo que les corresponda, fiscalizar el pago de la asignación de zona establecido en la ley N° 19.070."

    El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

    Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente),-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor RODRIGUEZ .-

    Señor Presidente, ¿no es posible leer también el otro proyecto de acuerdo antes de someter éste a votación?

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Si le parece a la Sala, se procederá de esa manera.

    El señor ORTIZ-

    Pido la palabra.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor ORTIZ.- Señor Presidente, toda la bancada democratacristiana adhirió y firmó ese proyecto de acuerdo.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Muy bien señor Diputado.

    La señora SAA.- Señor Presidente, toda la bancada del PPD también adhiere al proyecto de acuerdo.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Muy bien, señora Diputada.

    1.- El señor ROCHA.-

    Señor Presidente, el Diputado radical que habla también adhiere al proyecto.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Muy bien, señor Diputado. .

    El señor Secretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo, y luego se procederá a votar.

    El señor LOYOLA (Secretario).-

    De los señores Solís, Martínez, don Rosauro; Taladriz, Bartolucci, Orpis, Moreira, Kuschel, Cardemil, Masferrer, Jürgensen, Valcarce, Prokurica, García, don René; Karelovic, Melero, Alvarez-Salamanca, Ribera, Pérez, don Ramón; Ulloa, Munizaga, Vilches, Longton, Rodríguez, don Claudio; Vargas, Alvarado, García, don José; Bayo, Pérez, don Víctor; Galilea y García-Huidobro:

    "Considerando:

    "1. Que numerosos municipios del país no han cancelado a sus profesores el complemento de zona dispuesto en el artículo 5° transitorio de la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación.

    "2. Que, igualmente; muchos municipios tampoco han cancelado, o sólo lo han hecho parcialmente, la unidad de mejoramiento profesional dispuesta por la ley N° 19.278.

    "3. Que los municipios han expresado no recibir los fondos para el pago del Complemento de zona, y sólo parcialmente para la cancelación de la unidad de mejoramiento profesional.

    "4. El grado de creciente inquietud y movilización gremial que está llevando a los profesores a adoptar medidas que pueden perjudicar la normalidad del año escolar, en busca de respuestas concretas, efectivas y oportunas, para obtener él pronto pago del beneficio económico que legal-mente les corresponde.

    "La Cámara de Diputados acuerda:

    "a) Exponer a Su Excelencia el Presidente de la República la gravedad que reviste el hecho de que se estén transgrediendo, por la vía de la omisión, disposiciones legales plenamente vigentes, que afectan las remuneraciones de trabajadores del sector público del país; y

    "b) Que los Ministerios del Interior, Hacienda y Educación adopten, a la brevedad, las medidas que permitan a los municipios cancelar a los profesores el complemento de zona y la unidad de mejoramiento profesional en su integridad".

    El señor ULLOA.-

    Pido la palabra.

    0 señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor ULLOA.-

    Señor Presidente, por su intermedio, solicito el acuerdo de la Cámara para refundir en uno ambos proyectos de acuerdo, el cual podríamos aprobar por unanimidad.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Señor Diputado, la única forma de implementar su solicitud es dando por aprobados por unanimidad ambos proyectos. Si existe acuerdo en tal sentido, así se procederá.

    El señor VIERA-GALLO.-

    Pido la palabra.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor VIERA-GALLO.-

    Señor Presidente, para acceder a lo planteado por el Diputado señor Ulloa, ¿sería posible suspender la sesión por cinco minutos para confrontar los textos y ver si ello es viable?

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    E1 jefe de la bancada socialista solicita que se suspenda la sesión por cinco minutos.

    Si le parece a la Sala, así se acordará.

    Acordado.

    - Se suspende la sesión.

    - Transcurrido el tiempo de suspensión.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Por no haberse logrado el acuerdo, en votación el primer proyecto de acuerdo.

    -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente, resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 31 abstenciones

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Aprobado el proyecto de acuerdo.

    En votación el segundo proyecto de acuerdo.

    -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 33 votes. Hubo 5 abstenciones.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    No hay quórum. Se repetirá la votación.

    Un señor DIPUTADO.-

    ¿Por qué no hay quórum, señor Presidente?

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Señor Diputado, no hay mayoría de votos en la Sala y él Reglamento no permite aprobar una votación en esas condiciones. Aun cuando hay más votos positivos, corresponde repetir la votación.

    El señor GARCIA (don René Manuel).-

    Señor Presidente, un asunto reglamentario.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Tiene la palabra Su Señoría.

    El señor GARCIA (don René Manuel).-

    Señor Presidente, aunque no incida en el resultado, me equivoqué y voté favorablemente por el Diputado señor Cantero. Lo aclaro para que no se preste para malos entendidos en ausencia de él en la Sala.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Muchas gracias, señor Diputado, por su aclaración.

    Se va a repetir la votación por no haberse reunido el quórum necesario.

    Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 39 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 2 abstenciones.

    La señora AYLWIN (doña Mariana).-

    Yo voté por la negativa, señor Presidente.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    La Diputada señora Aylwin me informa que votó por la negativa.

    Sin embargo, la Mesa tiene dudas respecto de la votación; por lo tanto, se repetirá.

    -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 39 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.

    El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

    Rechazado el proyecto de acuerdo.

  • 2.- INFORMACION SOBRE DEMORA EN PROCESO DE CALIFICACION DE EXONERADOS POLITICOS.

    Legislatura Extraordinaria número 328

    Proyecto de Acuerdo de José Francisco Encina Moriamez en Cámara de Diputados el 14 de abril de 1994

    Abrir en nueva ventana

    El señor LATORRE (Vicepresidente).-

    El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

    El señor LOYOLA (Secretario).-

    De los señores Encina, Pérez, don Aníbal; Valenzuela, Barrueto, Naranjo, Muñoz y Arancibia.

    "Considerando:

    "1°.- Que en agosto de 1993 se promulgó la ley N° 19.234, destinada a reparar el daño causado a los trabajadores que por motivos políticos fueron exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

    "2°.- Que dentro de los beneficios contemplados por esta ley existen tres que requieren, necesariamente, de la calificación de exonerado político, a saber:

    -las pensiones no contributivas,

    _los abonos de tiempo por grada, y

    -las pensiones de sobrevivencia por viudez u orfandad.

    "3°.- Que la demora en el proceso de calificación de los exonerados políticos, que se realiza en base a la documentación y procedimientos estableados por esta ley, y que es responsabilidad del Ministerio del Interior, está impidiendo que muchas personas que los necesitan puedan acogerse a estos merecidos beneficios.

    "Por lo antes expuesto, la Honorable Cámara de Diputados acuerda lo siguiente:

    "Oficiar al señor Ministro del Interior, solicitando informe respecto a las causas de las demoras producidas en el proceso de calificación de los exonerados políticos y de las medidas que se están tomando para remediar esta situación."

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